Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, afirmó contundente durante una comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense que los narcotraficantes controlan “partes” del territorio en México. Lo señaló aparentemente sin considerar la creciente tensión entre México y Estados Unidos. Sobre el fentanilo señaló que es tán tóxico del cual está “matando a decenas de miles de estadounidenses y también a miles de mexicanos”, considerando que es “un problema que va en aumento”.
El senador estadounidense fue más allá, subrayó que el gobierno de Amlo “ha arrestado durante el último año a docenas de líderes de organizaciones criminales” y ha desmantelado laboratorios de fabricación de fentanilo con la “asistencia”, enfatizó, de Estados Unidos. México, dijo, ha incautado “cantidades récord” de fentanilo, y admitió que todavía hay una producción muy elevada de esta droga que provoca miles de muertes por sobredosis cada año en el vecino país.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos trabaja vinculada con la mexicana para “desmantelar las redes” económicas del narcotráfico. Este tipo de argumentos se han generado cuando se dio a conocer el secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros con dos de estos asesinados. La indiferencia de Amlo al tema elevó el tono de los políticos estadounidenses. Desde el interior de la Casa Blanca se ha sugerido que México tendría que mostrar más empeño en el combate al narcotráfico, incluso legisladores de la oposición republicana han solicitado declarar a los cárteles mexicanos como terroristas y eventualmente intervenir con agentes armados en nuestro país.
El gobierno de Amlo a través de la Secretaria de Relaciones exteriores ha determinado que habrá de defender la soberanía nacional y considera injerencista una intervención armada en nuestro territorio pero aún así no cambia su estrategia de “abrazos ni balazos” ni en casi cinco años ha disminuido el grado de violencia que ha consumido la vida de miles de personas. Allá del otro lado ocupa y preocupa sobremanera la alta posibilidad de que el crimen organizado intervenga directamente en los procesos electorales y por ello se sabe que la DEA conserva investigaciones serias y profundas sobre políticos mexicanos en activo que se han visto favorecidos con cargos públicos de alto nivel. Con Blinken no es la primera ocasión que parte importante de miembros del ejecutivo y legislativo pretendan intervenir en México ante un evidente vacío en la estrategia de seguridad nacional.