Aseguran que la Reforma Judicial planea la eliminación de 10 mil empleos
Por Félix Muñiz
Un significativo movimiento de protesta se está gestando en el ámbito judicial mexicano, con 55 mil trabajadores del Poder Judicial organizando un paro nacional en respuesta a la reforma judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La reforma, que será discutida en la Cámara de Diputados a partir de septiembre, plantea la eliminación de al menos 10 mil puestos de trabajo de confianza dentro del sector judicial, lo que ha provocado una fuerte oposición entre los empleados.
En conferencia de prensa en el Senado de la Republica, la Directora del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, Rosa Elena Alonzo, expuso las preocupaciones y demandas del colectivo.
Acompañada del coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, la funcionaria judicial Rosa Alonzo anunció que están ultimando los detalles para llevar a cabo un paro de labores indefinido si sus propuestas para mejorar la reforma no son atendidas por las autoridades.
“Estamos preparados para tomar medidas drásticas, incluyendo un paro nacional y acciones en instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si es necesario. La reforma propuesta afectará gravemente a los trabajadores del Poder Judicial y a la justicia en México”, afirmó Alonzo durante la conferencia.
La reforma judicial, que propone cambios significativos en la Constitución Política, ha suscitado una fuerte oposición debido a sus implicaciones sobre el empleo y la estructura del sistema judicial.
La funcionaria del poder judicial Elena Alonzo argumentó que la reforma no solo amenazaría la estabilidad laboral de miles de empleados, sino que también socavaría la independencia judicial. Según ella, el nuevo esquema de elección popular para jueces y magistrados introducido en la reforma es problemático y puede poner en riesgo la imparcialidad y eficacia del sistema judicial.
“Una reforma de este tipo no es conveniente para la sociedad”, reiteró Alonzo. La propuesta presidencial incluye la elección de jueces y magistrados mediante voto popular, lo que, según los críticos, podría dar lugar a presiones indebidas y a la influencia de intereses externos, incluyendo potencialmente organizaciones criminales.
Alonzo destacó que la carrera judicial tradicionalmente se basa en la meritocracia y la competencia profesional. La iniciativa actual, a su juicio, pone en peligro la independencia judicial, un principio fundamental que garantiza que las decisiones judiciales se basen únicamente en el derecho y no en presiones externas.
“Lo que se está proponiendo es una forma de destruir la independencia judicial, lo cual es una garantía esencial para que los ciudadanos confíen en que los jueces tomarán decisiones justas y basadas en el derecho”, afirmó la directora del Colegio de Secretarios y Actuarios.
Los trabajadores del Poder Judicial están movilizándose para expresar su rechazo a la reforma y buscar soluciones alternativas que protejan tanto sus empleos como la integridad del sistema judicial. El próximo debate en la Cámara de Diputados será crucial para determinar el futuro de esta reforma y las posibles repercusiones para el sector judicial en México.
La situación continúa desarrollándose, y los involucrados esperan que la discusión y el diálogo con las autoridades puedan conducir a una resolución que satisfaga las demandas de los trabajadores del Poder Judicial y garantice la estabilidad del sistema judicial del país.