Hasta 6 años de prisión para aquellos que realicen, impulsen o financien terapias de conversión sexual
Por Félix Muñiz
El Pleno del Senado de la República ha dado un paso crucial en la protección de los derechos humanos al aprobar un dictamen que penaliza las terapias de conversión sexual.
Con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones, se ha enviado un mensaje contundente: estas prácticas son inaceptables en nuestra sociedad y merecen ser castigadas.
El dictamen, ahora en manos del Ejecutivo Federal, propone penas de dos a seis años de prisión, así como multas significativas, para aquellos que realicen, impulsen o financien terapias de conversión sexual.
Esta medida es fundamental, ya que estas prácticas no solo son ineficaces, sino que también representan una violación flagrante de la integridad y dignidad de las personas.Es importante destacar que las sanciones se duplicarán si las víctimas son menores de 18 años, adultos mayores o personas con discapacidad. Además, si los responsables son padres, madres o tutores de las víctimas, se contempla la aplicación de sanciones específicas, como amonestaciones o apercibimientos.
El documento también aborda la responsabilidad de aquellos que ocupan posiciones de autoridad o confianza sobre las víctimas. Si una persona abusa de su posición laboral, docente, doméstica o médica para llevar a cabo estas prácticas, enfrentará no solo penas de prisión, sino también la destitución e inhabilitación para ejercer su cargo.
Otro aspecto relevante es la implicación de profesionales de la salud en estas prácticas. Aquellos que realicen tratamientos, terapias o cualquier tipo de servicios con el objetivo de cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona serán sancionados y suspendidos en el ejercicio de su profesión.
Este dictamen marca un hito en la lucha por los derechos LGBTQ+ en México. Al penalizar las terapias de conversión sexual, el Senado reconoce el valor de la diversidad y reafirma el compromiso del Estado mexicano con la protección de todos sus ciudadanos.
Sin embargo, esta medida es solo el primer paso. Es fundamental que se implementen políticas integrales de educación y sensibilización para prevenir estas prácticas y apoyar a las personas que han sido víctimas de ellas. Además, es necesario fortalecer los mecanismos de denuncia y protección para garantizar que estas violaciones a los derechos humanos no queden impunes.
En resumen, la aprobación de este dictamen es un avance significativo en la protección de los derechos de la comunidad LGBTQ+ en México. Pero el trabajo no ha terminado. Es hora de seguir adelante con medidas concretas que promuevan la igualdad, la inclusión y el respeto hacia todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género.