Afirma que solo 7 % de los centros para adultos mayores en México son públicos; el resto opera sin suficiente supervisión oficial.
Por Félix Muñiz
En una severa crítica al abandono institucional que padecen miles de personas adultas mayores en México, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Anabell Ávalos Zempoalteca, urgió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a los congresos estatales a iniciar de inmediato un diagnóstico nacional sobre la situación jurídica, operativa y de derechos humanos en asilos, casas hogar y centros de atención, tanto públicos como privados.
La senadora del PRI por el Estado de Tlaxcala Anabell Ávalos advirtió que en estos espacios reina una crisis de abandono, negligencia e incluso redes de explotación, que el Estado mexicano ha permitido por omisión, falta de supervisión y complicidad pasiva. En su proposición con punto de acuerdo, publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente, denunció una ausencia alarmante de datos actualizados, lo cual evidencia la indiferencia institucional ante una población históricamente vulnerada.
“Muchos de estos centros operan en condiciones precarias, sin regulación efectiva ni protocolos de atención dignos. Se violan sistemáticamente derechos humanos básicos, y no hay mecanismos que garanticen justicia o reparación para las víctimas”, señaló Ávalos Zempoalteca.
De acuerdo con cifras del INEGI, hasta 2020 existían en México cerca de 1,500 centros de atención para personas adultas mayores, de los cuales solo 107 eran públicos —apenas el 7%—. La gran mayoría operan bajo esquemas privados o civiles, financiados por cuotas familiares, sin una fiscalización real ni rendición de cuentas.
La senadora también recordó que durante la pandemia, la CNDH solo supervisó 58 centros, según su propio informe ISP-12/2020, lo que representa menos del 4% del total nacional. En dicho informe se documentaron graves violaciones, incluyendo hacinamiento, falta de atención médica, carencia de protocolos sanitarios y omisión de recomendaciones institucionales básicas. Una situación que, lejos de corregirse, ha sido ignorada por los tres niveles de gobierno.
A pesar de la existencia de normativas como la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y la NOM-031-SSA3-2012, que regula los centros de asistencia social permanentes, su incumplimiento es sistemático. “Es un insulto al marco legal y una afrenta directa a la dignidad humana”, declaró la legisladora priista.
Además, la senadora tlaxcalteca Anabell Ávalos señaló que México está obligado por instrumentos internacionales, como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a garantizar no solo la salud, sino la libertad, integridad y dignidad de este grupo poblacional. Sin embargo, en la práctica, los vacíos de supervisión, control, capacitación y sanción dejan a los adultos mayores a merced de la negligencia y el abuso.
“Estamos ante una desprotección institucional estructural. No hay mecanismos jurídicos eficaces frente al maltrato, ni voluntad política real para enfrentar el problema. No es solo una omisión: es una forma de violencia desde el Estado”, concluyó Ávalos Zempoalteca.
El PRI exige un diagnóstico nacional urgente, que ponga fin a la indiferencia, exponga los abusos y siente las bases para una política pública que verdaderamente proteja a quienes dieron toda su vida por este país.