Revelan que hay una lista negra de personas mayores que no solo es indignante sino que contradice el mandato Constitucional
Por Félix Muñiz
En un nuevo episodio de opacidad y decisiones cuestionables, el gobierno de Morena vuelve a colocarse en el centro de la polémica, ahora por su presunta intención de cancelar la pensión universal a adultos mayores, derecho que, hasta ahora, se presumía garantizado en la Constitución como universal, progresivo y no regresivo.
La denuncia proviene directamente de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyos senadores han encendido las alarmas ante lo que califican como un atentado contra los derechos sociales de los más vulnerables.
De acuerdo con notas periodísticas y testimonios que han comenzado a circular, la Secretaría del Bienestar habría iniciado un proceso de baja definitiva de beneficiarios del Programa de Pensión para el Bienestar.
¿Los motivos? Supuestas “inconsistencias administrativas” que van desde errores en la CURP hasta direcciones incorrectas, pasando por la no recepción del apoyo en dos bimestres consecutivos. Como si se tratara de un sistema sin margen de error humano, el gobierno estaría eliminando de manera irreversible a miles de adultos mayores del padrón de beneficiarios.
Lo más grave: se habla incluso de una “lista negra” de personas mayores, lo cual no solo es indignante, sino que contradice frontalmente los principios de igualdad, no discriminación y legalidad. ¿Desde cuándo un error administrativo justifica dejar sin sustento económico a quienes han trabajado toda su vida y que hoy dependen de este apoyo para sobrevivir?
El PRI no se ha quedado de brazos cruzados. En un Punto de Acuerdo presentado en el Senado, exige al Ejecutivo Federal, a la Secretaría del Bienestar y a la Secretaría de Hacienda que expliquen públicamente los criterios aplicados para estas exclusiones. También solicita que se informe si existe algún mecanismo para que las personas afectadas puedan apelar, corregir inconsistencias o ser notificadas formalmente. Porque no se trata solo de números o de expedientes mal llenados: se trata de seres humanos con necesidades urgentes.
Resulta especialmente preocupante que estas acciones ocurran apenas unos meses después de la reforma constitucional del 8 de mayo de 2024, la cual tenía como objetivo reforzar el carácter universal de esta pensión. De confirmarse las denuncias, estaríamos ante una violación flagrante de la Constitución y de los principios de justicia social.
“El Estado tiene la obligación de proteger a quienes más lo necesitan. No se puede poner en juego la dignidad ni los derechos de las personas adultas mayores por simples criterios administrativos”, advirtieron los senadores priistas. Y tienen razón. La cancelación definitiva sin vías de subsanación no solo es injusta, sino también inhumana.
En lugar de usar la burocracia como excusa para recortar derechos, Morena debería garantizar que ningún adulto mayor sea excluido arbitrariamente del programa. En un país donde millones de personas viven en situación de vulnerabilidad, esta pensión representa más que un apoyo: es una línea de vida.
Es momento de exigir transparencia, legalidad y respeto por los derechos adquiridos. Porque los derechos no se condicionan, y mucho menos se cancelan.