Es el primer ministro que anuncia su renuncia al Senado a partir del 31 de agosto del 2025
Por Félix Muñiz
En un giro inesperado que pone de manifiesto la fragilidad del sistema judicial mexicano, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, es el primer ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que decidió presentar su renuncia, efectiva a partir del 31 de agosto de 2025.
Su carta dirigida al presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña, no solo detalla su decisión, sino que también expone una crítica contundente a las reformas constitucionales recientes que amenazan la independencia judicial en el país.
El impartidor de justicia Alfredo Gutiérrez señala que su papel como juez constitucional va más allá de la mera interpretación de textos legales; implica, según sus palabras, “mantener viva la promesa de justicia de un Estado democrático”.
Esta declaración, aunque poética, revela una realidad sombría: la justicia en México se encuentra en una encrucijada, donde las reformas parecen diseñadas más para limitar el poder judicial que para fortalecerlo. La acusación de que las reformas acortan su mandato revela un intento claro de socavar la independencia judicial, un pilar fundamental de cualquier democracia.
La renuncia, en sí misma, es un acto de resistencia. Gutiérrez Ortiz Mena se enfrenta a un dilema: someterse a un proceso de elección popular o renunciar. Su decisión de optar por la segunda opción subraya un importante punto: no se considera adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular. “La función no consiste en validar la voluntad de las mayorías, sino en resguardar los derechos de quienes más lo necesitan”, afirma. Este comentario resuena con la preocupación de muchos sobre el riesgo de que la justicia se convierta en un espectáculo mediático, donde los derechos de las minorías son sacrificados en el altar del populismo.
En su carta, el ministro aclara que su renuncia no debe interpretarse como una aceptación de la constitucionalidad de la reforma. Al contrario, refleja una profunda preocupación por la erosión de los principios que guían el sistema judicial. La referencia a la “presunción de validez” de la norma en cuestión es un recordatorio de que, aunque el marco legal existe, su aplicación y interpretación son temporales y susceptibles a cambios que pueden comprometer la justicia.
Gutiérrez Ortiz Mena enfatiza que su decisión no es una retirada ante la adversidad, sino un acto de dignidad. En un sistema donde los cargos públicos son frecuentemente vistos como un fin en sí mismos, su reflexión sobre la naturaleza temporal del poder resalta una ética profesional que escasea en la política actual.
“El único lujo que me permito al dejar este puesto es hacerlo con la serenidad de haber sido fiel a los principios constitucionales”, escribe, dejando claro que su legado no se mide en años en el cargo, sino en la integridad con la que se ha desempeñado.
Sin embargo, la renuncia plantea preguntas críticas sobre el futuro de la SCJN y la administración de justicia en México. Si la independencia del poder judicial puede ser cuestionada y debilitada por reformas que parecen más políticas que jurídicas, ¿qué futuro le espera a la justicia en un país donde los derechos de los ciudadanos son constantemente amenazados?
La renuncia de Gutiérrez Ortiz Mena no es solo un acto individual, sino un reflejo de una lucha más amplia por la justicia y la integridad en un momento crítico para México. Su decisión, marcada por la dignidad y la reflexión, debería servir como un llamado a la acción para todos aquellos que valoran la democracia y el estado de derecho. En un país donde la voz del poder parece cada vez más ensordecedora, su renuncia resuena como un eco de esperanza en la búsqueda de un futuro más justo.