La propuesta establece que las resoluciones firmes de la anterior Suprema Corte son cosa juzgada e inatacables
Por Félix Muñiz
La crisis de legitimidad y conflicto institucional que atraviesa el Poder Judicial vuelve a encender las alarmas con la reciente iniciativa presentada por la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca, del PRI. Bajo el tema central “Anabell Ávalos propone impedir que la nueva SCJN reabra fallos definitivos y ponga en riesgo la seguridad jurídica”, la legisladora lanzó una advertencia contundente: permitir que la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise sentencias ya concluidas sería una amenaza frontal al Estado de derecho y un retroceso sin precedentes para la seguridad jurídica del país.
En una postura abiertamente crítica, Ávalos denunció que existe un intento preocupante dentro de la nueva Corte para reabrir, modificar o anular resoluciones firmes, lo cual calificó como un acto arbitrario que ningún cambio institucional puede justificar. Su iniciativa busca adicionar un cuarto párrafo al Artículo Décimo Octavo Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de blindar todas las sentencias definitivas emitidas por el Pleno y las Salas anteriores, declarándolas cosa juzgada, inatacables e irrevisables bajo cualquier criterio o integración futura.
El mensaje de la senadora es severo y directo: permitir la reapertura de fallos ya concluidos provocaría un daño irreparable. En el escenario económico —advirtió— se desataría una ola de incertidumbre jurídica para empresas e inversionistas; en el ámbito social, se reactivarían conflictos entre ciudadanos que ya habían sido resueltos jurídicamente; y en el plano institucional, se enviaría el más preocupante mensaje de todos: que en México ninguna decisión judicial es realmente definitiva.
Peor aún, Ávalos calificó esta intención como “un golpe de Estado judicial”, pues eliminaría el último dique de contención frente al abuso de poder. La senadora recordó que ya existen consultas internas dentro de la Corte —expedientes 1/2025 y 2/2025— enfocadas precisamente en determinar si los ministros actuales pueden revisar resoluciones históricamente cerradas. Entre ellas se encuentran casos tan sensibles como el amparo directo 26/2022, relacionado con el caso Wallace, y el amparo 35/2022, sobre una indemnización por error judicial.
La legisladora priista tlaxcalteca esta pretensión no solo carece de fundamento legal (pues la revisión solo puede proceder contra sentencias de tribunales colegiados, no del propio Pleno), sino que abre la puerta a vicios graves: corrupción en la reapertura de expedientes, presiones políticas, revanchismos judiciales y una peligrosa ruptura de la división de poderes.
Ávalos también señaló la fragilidad democrática de la actual integración judicial, recordando que los nuevos ministros fueron electos con apenas 13% de participación ciudadana, lo cual, a su juicio, cuestiona su legitimidad para revertir resoluciones emitidas por juristas de amplia trayectoria. Sumó a ello la reciente reforma a la Ley de Amparo, que ya debilitó los mecanismos de defensa de los ciudadanos.
La senadora cerró con una crítica severa: México no puede permitirse un Poder Judicial que cambie sus reglas al antojo del momento. “Si una sentencia definitiva puede ser modificada por una nueva Corte —afirmó—, se destruye la confianza en la justicia y emerge la arbitrariedad. Nuestro deber es impedirlo”.
Con esta iniciativa, Ávalos pone el dedo en la llaga: la estabilidad institucional del país está en riesgo si la seguridad jurídica deja de ser un pilar inamovible del Estado de derecho.