El proyecto de decreto recibió el respaldo de 25 votos a favor de senadores de Morena, PT y PVEM, y 12 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano
Por Félix Muñiz
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado han aprobado, con el respaldo mayoritario de Morena y sus aliados, el dictamen de la reforma al Poder Judicial.
Esta reforma, que propone la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, avanza ahora al pleno del Senado para su discusión y votación en la sesión de este miércoles. Sin embargo, esta propuesta ha desatado una ola de críticas y preocupaciones entre la oposición, que argumenta que podría poner en riesgo la independencia y la integridad del sistema judicial mexicano.
La propuesta, impulsada por el oficialismo, busca transformar radicalmente la manera en que se eligen los jueces, pasando de un sistema basado en méritos y nombramientos por el Presidente y el Senado, a uno en el que el pueblo tendría un rol directo en la selección de estos cargos. A primera vista, esta medida podría parecer una democratización del sistema judicial; no obstante, las voces críticas advierten que se trata de un cambio más de fachada que de fondo, con implicaciones potencialmente perjudiciales para la justicia en México.
El senador del PAN Ricardo Anaya, ha denunciado lo que considera una presión indebida sobre los senadores de oposición para que apoyen la reforma.
Según el legislador panista Anaya Cortés, se han presentado propuestas corruptoras y presiones por parte de las fiscalías estatales a varios legisladores, lo que pone en entredicho la transparencia y la libertad del proceso legislativo. Este tipo de denuncias subraya las dudas sobre la legitimidad y la ética detrás de la reforma, sugiriendo que el oficialismo podría estar utilizando tácticas cuestionables para lograr su objetivo.
Por otro lado, Carolina Viggiano, senadora del PRI, ha calificado la reforma como un “terrible engaño” y una “falta de respeto” hacia la inteligencia de los mexicanos. Viggiano argumenta que el verdadero control sobre la elección de los jueces no estaría en manos del pueblo, sino en las de Morena y el gobierno federal, al igual que los gobernadores en las entidades federativas.
Esta crítica resuena con la preocupación de que, en lugar de un sistema judicial verdaderamente democrático, se estaría creando un mecanismo que, en última instancia, consolidaría el poder de los actuales actores políticos en lugar de descentralizarlo.
Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano, ha expresado su preocupación por las repercusiones de la reforma en lo político, económico y social. Según Barrales, la reforma podría subordinar al Poder Judicial a la popularidad y los votos, debilitando su carácter técnico y profesional.
Además, advierte sobre la posible incertidumbre jurídica que podría desincentivar la inversión extranjera, un factor crucial en el contexto de la revisión del T-MEC en 2026. En el ámbito social, Barrales compara la reforma con ejemplos históricos de politización judicial en países como Hungría y Perú, donde la politización del sistema judicial condujo a regímenes autoritarios.
En defensa de la reforma, el morenista Oscar Cantón Zentina sostiene que la medida responde a un mandato popular y busca una justicia más equitativa para todos los ciudadanos. Sin embargo, esta postura ha sido rechazada por otros senadores como Luis Donaldo Colosio Riojas, quien argumenta que la reforma carece de un diagnóstico sólido y parece tener un carácter revanchista, apuntando a un control más directo del Poder Ejecutivo sobre el sistema judicial.
La reforma al Poder Judicial, tal como está propuesta, podría representar un experimento arriesgado que, en lugar de fortalecer la justicia en México, podría socavar su independencia y eficacia. La posibilidad de que el crimen organizado y otras influencias externas puedan intervenir en la selección de jueces y magistrados es una preocupación válida que no debe tomarse a la ligera. En definitiva, el futuro de esta reforma dependerá de la capacidad del Senado para sopesar sus implicaciones de manera objetiva y justa, lejos de intereses partidarios y presiones indebidas.