Los que si incluyen como Personas Políticas Expuestas son a todos los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, legisladores, jueces, fiscales, policías, y órganos autónomos
Por Félix Muñiz
En una polémica sesión, las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado aprobaron con mayoría de Morena y aliados la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado.
La medida, que será enviada al Pleno para su discusión, ha generado una ola de críticas por parte de la oposición, que acusa al gobierno de instaurar un régimen de vigilancia financiera con motivaciones políticas y sin los controles adecuados.
La reforma amplía el concepto de Personas Políticamente Expuestas (PEP) para incluir a todos los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, legisladores, jueces, fiscales, policías, y órganos autónomos. Estos deberán someterse a monitoreo financiero intensivo, como parte de un esfuerzo, según argumenta Morena, por cumplir con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y evitar sanciones internacionales.
Sin embargo, lo que ha desatado mayor indignación es lo que la ley no incluye: por presión de la oposición, los sindicatos, partidos políticos e iglesias quedaron exentos de ser clasificados como PEP, lo que los deja fuera del nuevo marco de vigilancia financiera. Esta decisión ha sido duramente cuestionada por críticos que advierten de un sesgo político evidente en la aplicación de la ley.
La Secretaría de Hacienda tendrá la facultad de elaborar y mantener una lista nominativa de PEP, y podrá requerir información financiera y patrimonial directamente a entidades públicas, sin necesidad de orden judicial.
Además, cualquier persona o entidad que participe en actividades vulnerables como joyerías, casinos, bienes raíces, arte, préstamos, y donativos, deberá monitorear y reportar operaciones sospechosas, generando preocupaciones sobre la carga administrativa y la protección de datos personales.
Para el senador morenista Javier Corral, esta reforma responde a compromisos internacionales y busca cerrar la puerta al uso de dinero ilícito en el sistema financiero. Pero la oposición no comparte el entusiasmo.
El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, acusó que la reforma “da superpoderes” a la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Guardia Nacional, sin contrapesos ni supervisión judicial. “El gobierno se convierte en juez, policía y verdugo”, advirtió, sugiriendo un paralelismo con regímenes autoritarios.
La politica queretana del PAN Guadalupe Murguía cuestionó la ambigüedad de la definición de PEP y alertó sobre la afectación a empresas, como las tiendas de autoservicio, que deberán implementar costosos sistemas de vigilancia financiera.
Y, analizando el texto, es finalmente a la Secretaría de Hacienda a la que le corresponde, mediante disposiciones de carácter general, llevar a cabo la interpretación y los alcances de esta reforma, lo cual consideramos que no es jurídicamente lo conveniente, toda vez que la misma autoridad que aplica la ley es la que va a tener las funciones para interpretarlas, asumiendo desde luego atribuciones que corresponden al Poder Legislativo y no a una autoridad administrativa.
Por su parte, Carolina Viggiano (PRI) denunció la creciente militarización en temas financieros, al involucrar a la Guardia Nacional en investigaciones sin control del Ministerio Público.
La legisladora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, criticó que se otorgue a Hacienda acceso ilimitado a datos personales y financieros de los ciudadanos. “Sin intervención judicial previa, esto es un atentado contra la privacidad y la presunción de inocencia”, dijo.
La aprobación en comisiones marca un nuevo capítulo en la creciente concentración de poder del Ejecutivo federal en México, bajo la justificación del combate al lavado de dinero. Con una vigilancia asimétrica que excluye a actores clave como partidos e iglesias, y amplía el control estatal sobre los ciudadanos comunes, esta “Ley Antilavado” podría convertirse más en un instrumento político que en una herramienta efectiva contra el crimen financiero.