Entre las principales disposiciones, se otorga a esta fuerza de seguridad la facultad de investigar delitos, en coordinación con el Ministerio Público y otras policías.
Por Félix Muñiz
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de México han aprobado, por mayoría de votos, el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta reforma, que modifica diversos artículos de la Constitución Política, se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en el país.
Con esta modificación, se establecen cambios significativos en la estructura y funciones de la Guardia Nacional. Entre las principales disposiciones, se otorga a esta fuerza de seguridad la facultad de investigar delitos, en coordinación con el Ministerio Público y otras policías.
El dictamen menciona que “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia”, lo que implica una mayor injerencia de la Guardia en la seguridad pública.
La reforma también define a la Guardia Nacional como “una fuerza de seguridad pública, profesional y de carácter permanente, integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la Sedena”. Esto ha suscitado un debate sobre la posible militarización de la seguridad pública en México.
A pesar de las inquietudes, la senadora de Morena, Ernestina Godoy, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, defendió la reforma, argumentando que garantiza un control civil y respeto a los derechos humanos.
Por otro lado, las críticas no se han hecho esperar. Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano, afirmó que la reforma representa “el último clavo al ataúd de la seguridad civil en México”. Colosio destacó que esta militarización no es la solución a la crisis de seguridad que enfrenta el país y advirtió sobre los riesgos de normalizar la presencia militar en las calles.
Desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la senadora Carolina Viggiano también se mostró en contra de esta tendencia militarizadora. “Es alarmante ver cómo personajes que antes se oponían a la militarización ahora impulsan reformas que profundizan el control militar”, manifestó Viggiano, enfatizando que la seguridad no puede depender exclusivamente de las Fuerzas Armadas.
El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, coincidió en que la militarización no ha sido efectiva para abordar la violencia en México, afirmando que ha resultado en más muertes y violencia. La crítica se centra en que la actual estrategia de seguridad no ha logrado los resultados esperados y que depender de la Sedena para asuntos de seguridad civil puede ser contraproducente.
El dictamen también incluye detalles sobre la estructura de mando de la Guardia Nacional. El comandante deberá ser un general de División en activo, designado por la Presidencia, a propuesta de la Sedena. En caso de que no haya personal con esta formación, se optará por un general del Ejército capacitado en seguridad pública.
Además, se especifica que el personal que actualmente forma parte de la extinta Policía Federal será reubicado en la Secretaría de Seguridad Pública, asegurando que mantengan sus derechos laborales. Los recursos presupuestarios necesarios para esta transición serán transferidos a la Sedena, con la excepción de aquellos que se destinen a los efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública.
El dictamen ha sido enviado a la Mesa Directiva del Senado para ser discutido en el pleno en la próxima sesión ordinaria, donde se espera un intenso debate sobre el futuro de la seguridad en México y el rol de las fuerzas armadas en este ámbito. La aprobación de esta reforma marca un hito en la historia de la seguridad pública del país y plantea preguntas sobre la dirección que tomará la política de seguridad en el futuro.