La violencia que azota el país debe tipificarse como narcoterrorismo en la legislación mexicana
Por Félix Muñiz
En un contexto de creciente preocupación por la seguridad y la corrupción en México, senadores de Morena y del PAN han coincidido en un punto crucial: el expresidente Felipe Calderón Hinojosa debe rendir cuentas al pueblo mexicano sobre su relación con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, quien enfrenta un juicio en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
Esta exigencia se inscribe en un clamor más amplio por la rendición de cuentas y la justicia en el país.
En conferencia de prensa, el líder del Nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, enfatizó la necesidad de que “quien la hizo, que la pague”.
El senador del PAN Marko Cortés subrayó que la sentencia contra García Luna, aunque esperada, no debe ser un fin en sí mismo. La corrupción y el narcotráfico, dijo, requieren una respuesta más contundente, como la tipificación del narcoterrorismo en la legislación mexicana.
Además, criticó la incapacidad del gobierno actual para actuar contra el crimen organizado, apuntando que muchas detenciones se están realizando en el extranjero, en lugar de ser ejecutadas por las autoridades locales.
Por su parte, el vicecoordinador de Morena en el Senado Ignacio Mier Velazco, calificó la sentencia contra García Luna como “ejemplar” y, en un tono igualmente crítico, recalcó que Calderón debería ser juzgado por su papel en la seguridad del país.
El legislador morenista por el Estado de Puebla Ignacio Mier argumentó que el expresidente tenía la responsabilidad de supervisar a García Luna y garantizar la lucha contra el narcotráfico. “El peso de la conciencia”, dijo, será un compañero constante para Calderón, quien, según Mier, no podrá caminar tranquilo por las calles de México.
Esta situación plantea un dilema significativo sobre la rendición de cuentas en el país. Si bien la corrupción es un mal que ha afectado a todas las administraciones, el caso de García Luna pone de relieve la relación simbiótica entre la política y el crimen organizado durante el mandato de Calderón. Su administración, que se caracterizó por una agresiva lucha contra el narcotráfico, parece estar manchada por la complicidad de altos funcionarios con cárteles de la droga.
Los senadores, al unirse en esta crítica, evidencian un momento de convergencia política poco común en un escenario donde las diferencias ideológicas suelen prevalecer. La exigencia de que Calderón explique su relación con García Luna no solo es un llamado a la responsabilidad personal, sino también un intento de restablecer la confianza en las instituciones del país, que han sido socavadas por la corrupción y la impunidad.
A medida que el juicio de García Luna avanza, las voces que demandan justicia y claridad sobre la actuación de Calderón se multiplican. Esto no solo refleja la angustia colectiva de un país que ha vivido de cerca la violencia del narcotráfico, sino que también subraya una necesidad urgente de establecer una nueva narrativa sobre la política y la seguridad en México.
En este sentido, el futuro del sistema político mexicano depende de su capacidad para enfrentar su pasado y exigir responsabilidades a quienes, en posiciones de poder, han permitido que la corrupción florezca.
Si bien la sentencia de García Luna puede ser un paso en la dirección correcta, es evidente que el camino hacia una verdadera transformación en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción requiere la implicación de todos los actores involucrados, incluidos aquellos que una vez ocupaban los más altos cargos en el gobierno.
Calderón, por tanto, no solo enfrenta el escrutinio público; su legado está en juego, y el tiempo para dar explicaciones se agota.