Senadores del PAN y PRI señalaron que no se puede esperar que la llamada “paz narca” sea una solución viable
Por Félix Muñiz
Las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien responsabilizó a Estados Unidos de la violencia en Sinaloa tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, han provocado un intenso rechazo por parte de senadores de oposición.
En un país donde la violencia relacionada con el narcotráfico ha alcanzado niveles alarmantes, las acusaciones del mandatario han sido calificadas de ridículas, dejando en evidencia no solo la falta de autocrítica, sino también la necesidad de un replanteamiento en las estrategias de seguridad.
La senadora del PRI, Claudia Anaya fue una de las voces más críticas. Señaló que México necesita avanzar hacia una cultura de paz y subrayó la importancia de fortalecer los cuerpos policiales en todos los niveles. “¿Por qué nosotros no detenemos a los grandes capos de la droga? ¿Por qué tiene que venir una autoridad extranjera a hacerse cargo de esas detenciones?”.
Sus palabras reflejan un sentimiento creciente en la sociedad mexicana: la necesidad de que el gobierno asuma la responsabilidad de sus omisiones en el combate al crimen organizado.
En tanto el senador del PAN Ricardo Anaya Cortés afirmó que atribuir la violencia a la captura de criminales es un intento de desviar la atención de los verdaderos problemas que enfrenta el país.
“La violencia creció porque hubo una traición dentro de los cárteles”, aseveró, enfatizando que no se puede esperar que la llamada “paz narca” sea una solución viable. La crítica a la estrategia actual de seguridad se vuelve ineludible; la política de “abrazos y no balazos” ha mostrado su ineficacia a través de un aumento en los índices de homicidio, extorsión y desapariciones en diversas regiones, no solo en Sinaloa, sino en estados como Chiapas y Zacatecas.
El legislador panista Anaya Cortés, coincidió en que el tema de la seguridad debe abordarse como un asunto hemisférico. Si bien reconoció la corresponsabilidad de Estados Unidos en la problemática, resaltó que la actitud del gobierno mexicano ha sido, en gran medida, de evasión. “Aquí la pregunta es: ¿cuál es la actitud? Echar culpas y lavarse las manos, o sentarse a la mesa y construir un plan conjunto”, comentó.
La crítica a López Obrador también se enmarca en un contexto más amplio. Desde el sexenio de Felipe Calderón, la estrategia militarizada para combatir la inseguridad ha demostrado ser un fracaso. “El error está en la estrategia que en tres sexenios consecutivos ha demostrado ser una estrategia fallida”, afirmó Anaya, lo que plantea una cuestión fundamental: ¿cuándo se tomarán decisiones que realmente atiendan las causas de la violencia?
Mientras la violencia en México continúa escalando, las palabras del presidente parecen más un intento de eludir la responsabilidad que una llamada a la acción efectiva. Al culpar a Estados Unidos, se corre el riesgo de obviar los problemas estructurales que alimentan la delincuencia organizada. La falta de una política de seguridad integral y la ausencia de un enfoque que priorice la justicia y el fortalecimiento de las instituciones son fallas que no pueden seguir ignorándose.
En este contexto, el clamor por un cambio en la estrategia de seguridad se vuelve más urgente que nunca. Las acusaciones de López Obrador, lejos de ser una solución, revelan una preocupante desconexión con la realidad que vive México. Para enfrentar la violencia de manera efectiva, el país necesita dejar atrás las excusas y adoptar un enfoque que realmente contemple sus complejidades. La crítica constructiva es necesaria, pero sobre todo, la acción decidida y responsable por parte del gobierno es inaplazable.