Urge Reemplacamiento y Renovación de Licencias Federales
Por Félix Muñiz
En el panorama actual del transporte en México, la negligencia y la corrupción se han convertido en un lastre que pone en riesgo la seguridad y eficiencia del sector.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) es la entidad encargada de regular el reemplacamiento y la emisión de Licencias Federales (LF) para operadores de transporte terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo. Sin embargo, la falta de acción y los escándalos de corrupción han revelado un panorama alarmante que exige una intervención inmediata.
El último programa de reemplacamiento federal se llevó a cabo durante el gobierno de Felipe Calderón, dejando al sector con un déficit en la actualización de placas que es ahora insostenible. Este rezago ha permitido que vehículos de transporte de carga y pasajeros circulen con placas desactualizadas, lo que no solo debilita la supervisión y control, sino que también aumenta el riesgo de accidentes y fallos en la seguridad vial.
Además, la situación se complica con la actual crisis en la expedición de licencias federales para operadores de autotransporte. Cerca de dos millones de trabajadores del sector se enfrentan a un panorama sombrío debido a la falta de regularización.
La profunda indiferencia de Guillermo García Pinto, Director General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, y Jonathan Sebastián Ramírez Ordoñez, Director de Autorización y Evaluación a Terceros, ha exacerbado esta crisis. Ambos funcionarios han tomado medidas arbitrarias e ilegales que han eliminado la figura de los médicos terceros autorizados, cruciales para la evaluación médica de los conductores.
La negligencia de estos funcionarios ha dado lugar a prácticas fraudulentas y corrupción dentro de la propia Dirección General. Se ha documentado que algunos empleados, sin la debida autorización, realizan exámenes psicofísicos y emiten licencias para operadores que no cumplen con los requisitos, manipulando los sistemas de captura y exigiendo sobornos. Esta situación no solo compromete la seguridad de los operadores, sino que también pone en peligro a todos los usuarios de las vías.
Más preocupante es el vínculo de Guillermo García Pinto con el laboratorio “SALUD DIGNA”, cuyo propietario ha sido señalado recientemente por proporcionar su avión privado al Gobernador de Sinaloa. Las reuniones entre García Pinto y el dueño de este laboratorio parecen tener como objetivo eliminar la figura de los médicos terceros autorizados para que su laboratorio pueda monopolizar los exámenes médicos. Este acuerdo no solo es un claro acto de corrupción, sino que también refleja un intento de aprovecharse del sistema antes del cambio de administración.
La SICT cuenta con una Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPyMPT) y 48 unidades médicas propias para realizar exámenes médicos. Sin embargo, el Programa de Médicos Terceros Autorizados, que ha sido clave en la realización de exámenes médicos debido a la alta demanda, está siendo sistemáticamente desmantelado. Los médicos terceros autorizados representan el 75% de los exámenes realizados, mientras que la SICT solo cubre el 25% restante. La eliminación de esta figura solo agravará la crisis de licencias y afectará a miles de operadores.
El impacto de estas irregularidades es significativo. La falta de licencias y la corrupción en el proceso de emisión no solo afectan a los operadores y a las empresas de transporte, sino que también repercuten en la actividad económica del sector. Las cámaras y agrupaciones de transportistas han expresado su inconformidad, pero hasta ahora, las autoridades han permanecido en silencio, sin tomar medidas correctivas efectivas.
En una carta reciente, Transportes Turísticos HER-MED S de RL de CV ha solicitado la intervención urgente del Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Licenciado Jorge Nuño Lara, debido a la sobredemanda de exámenes psicofísicos y el impacto en sus operaciones. La empresa, que cuenta con 120 operadores, ha enfrentado serios problemas debido a la falta de citas disponibles, un reflejo del colapso en el sistema de emisión de licencias.
La situación actual demanda una respuesta rápida y efectiva. Es imperativo que se inicie de inmediato un nuevo programa de reemplacamiento y se revise el proceso de emisión de licencias federales. La corrupción y la negligencia no solo comprometen la seguridad vial, sino que también ponen en peligro la integridad y la operatividad del sector transporte en México. Sin acciones decisivas, la crisis en el transporte seguirá creciendo, afectando a millones de mexicanos y a la economía nacional.