La mandataria anuncia que firmará decreto para hacer nacional la Universidad Rosario Castellanos
Por Félix Muñiz
En días recientes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a las universidades del país, instándolas a sumarse a la “austeridad republicana”.
La mandataria subrayó que la burocracia en las instituciones de educación superior ha crecido considerablemente y, por ende, es necesario que estas casas de estudio no solo busquen un aumento en el presupuesto, sino que también optimicen sus servicios y procesos.
Es una crítica que, aunque parece tener una base lógica desde el punto de vista de la gestión pública, omite importantes detalles sobre el contexto y las contribuciones de las universidades al desarrollo del país, particularmente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una de las instituciones educativas más importantes de América Latina.
Sheinbaum Pardo no ha reconocido las notorias aportaciones que esta y otras universidades hacen a la sociedad, ni los desafíos que enfrentan a diario para mantener la calidad educativa en un contexto económico difícil.
La primera mujer presidenta en México mencionó que “no todo es presupuesto público”, y que las universidades deberían ser más eficientes en el uso de sus recursos. Sin embargo, el reclamo generaliza sin entrar en los matices de las dificultades que enfrentan las instituciones públicas de educación superior en México. La UNAM, por ejemplo, no solo se encarga de formar a miles de estudiantes cada año, sino que también juega un papel fundamental en la investigación científica, la innovación tecnológica, y en la formación de profesionales que aportan al desarrollo económico y social del país. La crítica a la burocracia en las universidades, por tanto, parece pasar por alto el esfuerzo monumental que implica el funcionamiento de estas instituciones, que, si bien no están exentas de corrupción o ineficiencia en algunos sectores, no son responsables de la totalidad de los problemas financieros que enfrenta el sistema educativo en su conjunto.
Además, Sheinbaum mencionó específicamente el caso de la Universidad Rosario Castellanos, anunciando que se firmará un decreto para nacionalizarla, con el objetivo de integrarla a la red de instituciones nacionales como la UNAM.
Este gesto, más allá de un simple acto administrativo, es también una forma de dar visibilidad a su política educativa, pero deja en el aire una pregunta fundamental: ¿realmente se está reconociendo el papel crucial de las universidades en la construcción de una nación más justa y próspera?
Es importante destacar que el gobierno mexicano ha enfrentado serios cuestionamientos sobre la suficiencia y distribución del presupuesto asignado a la educación superior. En este contexto, los llamados a una “austeridad republicana” parecen chocar con la realidad de un sistema educativo que aún depende enormemente de los recursos públicos para sobrevivir y continuar funcionando. La austeridad, como política, ha sido objeto de debate desde su implementación, ya que muchos argumentan que no puede aplicarse de manera igualitaria sin tener en cuenta las necesidades específicas de cada sector, en este caso, las universidades.
Por otro lado, el aumento de la burocracia no es un problema exclusivo de las universidades, sino una consecuencia de políticas públicas que a menudo no priorizan la eficiencia ni la transparencia en el gasto. Si la presidenta Sheinbaum realmente quiere que las universidades sean más eficientes, deberá replantear el modelo de asignación y gestión de recursos, en lugar de hacer un llamado genérico a la austeridad sin reconocer los logros y desafíos de las instituciones educativas.
En resumen, la crítica de Sheinbaum, aunque válida en algunos aspectos, no hace justicia a la importancia de las universidades en el desarrollo de México. En lugar de seguir repitiendo el mantra de la austeridad sin considerar las especificidades del sector, el gobierno debería enfocarse en apoyar a las universidades para que puedan continuar cumpliendo su rol fundamental en la sociedad mexicana. La educación es una inversión, no un gasto, y este principio debería ser el pilar sobre el que se construyan las políticas públicas en el futuro cercano.