La politización de la carrera judicial no es la solución para la aplicación de la justicia más bien responde a intereses políticos: Pablo Herrera
Por Félix Muñiz
En Senado de la Republica y el Marco de la Presentación del Estudio “ La Facultad presidencial de nominar y la independencia judicial en México” representantes de distintas organizaciones de la Sociedad Civil calificaron como una alucinación que los ministros y jueces sean electos por votación popular, que provocaría politizar la aplicación de la justicia.
En conferencia de prensa encabezada por la senadora del PAN Minerva Hernández Ramos informo que estamos viviendo un momento crucial de la historia de México, en donde los cimientos de la democracia y el estado de derecho se encuentran en una encrucijada, por las recientes propuestas de reformas del Presidente Andrés Manuel López Obrador enviadas al Congreso de la Unión.
La legisladora tlaxcalteca Minerva Hernández, refirió que lo que se busca es que, la justicia se especialice, esa sería la única forma de que la justicia llegue a todos y se abata el rezago y la altísima impunidad.
Al respecto, la legisladora por Acción Nacional reiteró que habrá de apoyar a las ONGs en su lucha por que se tome en cuenta la situación y experiencia en el litigio, así como de estrategias para llevar la justicia a todos los mexicanos.
El Coordinador de Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano Pablo Herrera Hernández, dijo que pretender que los ministros y jueces sean electos por elección popular es una alucinación que politiza la carrera judicial y no es la solución para la aplicación de la justicia, más bien respondería a intereses políticos.
Si, es una alucinación el que se pretenda nombrar a jueces, magistrados y ministros de la SCJN, en la experiencia, para estos cargos se necesitan personas capacitadas para cada uno de los cargos y con un alto grado de especialidad”. Sostuvieron.
En el Senado de la Republica diversas organizaciones de juristas como el Comité de Participación Ciudadana, “Derechos Humanos y Litigio Estratégico (DLM), Fundación para la Justicia y Estado Democrático de Derecho (FJEDD), así como la Fundación para el Debido Procesos (DPLF), señalaron que la Ley es la Ley y nadie ni el mismo Presidente de la Republica esta por encima de la Constitución.
La representante del “Colectivo la Justicia que Queremos” Susana Camacho, menciono que el tratar de imponer un nuevo modelo de justicia pone en riego a la democracia y ahi se tiene el ejemplo del Bolivia.
En el documento que entregaron cuestionan la naturaleza, función y objetivo de la facultad discrecional que históricamente ha ejercido el presidente de Mexico.
Cabe recordar que las 20 reformas propuestas hace dos semanas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se habrán de someter a parlamento abierto y se intentarán votar en la Cámara de Diputados, salvo la Judicial, varias de ellas no tendrán el apoyo de la mayoría, pero dejarán el precedente para la nueva legislación que inicia en septiembre Mc donde el tabasqueño confía se tienta mayoría constitucional en ambas cámaras y finamente hacerlas realidad antes del 30 de septiembre que termina el actual sexenio.