Atiende los criterios fijados por la Suprema Corte tras invalidar el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud
Por Félix Muñiz
Como un paso decisivo hacia la garantía plena del derecho a la salud en México, la senadora del PRI por el Estado de Zacatecas Claudia Edith Anaya Mota, presentó una iniciativa para reformar y adicionar el artículo 10 de la Ley General de Salud, con el objetivo de regular de manera clara y responsable la objeción de conciencia del personal sanitario, evitando que su ejercicio se traduzca en la negación de servicios de salud a la población.
La propuesta representa una verdadera transformación en el sector salud, al atender un vacío legal que, en años recientes, ha puesto en riesgo el acceso efectivo a la atención médica, especialmente para mujeres, personas gestantes y grupos en situación de vulnerabilidad.
La legisladora zacatecana Claudia Anaya recordó que en 2018 el Congreso incorporó el artículo 10 Bis a la Ley General de Salud; sin embargo, dicho precepto fue impugnado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y posteriormente declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al carecer de límites claros y salvaguardas que protegieran a las y los pacientes.
En este contexto, Claudia Anaya subrayó que su iniciativa retoma y cumple puntualmente los criterios establecidos por la Corte, estableciendo límites expresos a la objeción de conciencia. Entre los puntos centrales, se impide su procedencia en casos de urgencia médica, cuando exista riesgo para la vida, la integridad o la salud del paciente, así como en supuestos de ejercicio colectivo o institucional, garantizando que ningún hospital o clínica suspenda servicios bajo este argumento.
La reforma también establece la obligación del Estado de garantizar la disponibilidad permanente de personal médico y de enfermería, así como la remisión inmediata de los pacientes a otra unidad o profesional de la salud, para asegurar una atención oportuna y continua.
De igual forma, contempla la creación de mecanismos administrativos claros y un registro confidencial de objetores, sin que ello implique afectaciones a los derechos laborales del personal sanitario.
La senadora priista Anaya Mota explicó que la objeción de conciencia es un derecho reconocido a nivel constitucional e internacional, vinculado con la libertad de pensamiento, conciencia y religión. No obstante, enfatizó que ningún derecho es absoluto y que su ejercicio no puede vulnerar el derecho humano a la protección de la salud, particularmente en situaciones críticas donde la vida de una persona está en riesgo.
Con un enfoque de derechos humanos y justicia social, la iniciativa busca equilibrar la libertad de conciencia del personal de salud con el derecho de la población a recibir atención médica, poniendo especial énfasis en la protección de mujeres, personas gestantes y grupos históricamente discriminados.
“La objeción de conciencia no puede convertirse en un obstáculo para el acceso a la salud; el Estado tiene la obligación de garantizar ambos derechos”, concluyó Claudia Anaya, al destacar que esta propuesta fortalece el sistema de salud y avanza hacia un modelo más humano, equitativo y centrado en las personas.
Con esta iniciativa, el PRI refrenda su compromiso con una legislación moderna y responsable, que coloque en el centro la vida, la dignidad y el bienestar de todas y todos.