El Gobierno de Tlaxcala gastó 56 millones de pesos en 10 camionetas blindadas
Por Félix Muñiz
La senadora del PRI Anabell Ávalos Zempoalteca, lanzo fuertes cuestionamientos contra el gobierno del Estado de Tlaxcala tras la compra de 10 camionetas blindadas por un monto superior a los 56 millones de pesos. Esta adquisición ha generado un amplio debate sobre la congruencia entre las políticas de austeridad promovidas por el partido Morena a nivel nacional y el manejo de recursos públicos a nivel estatal.
A través de una proposición con punto de acuerdo publicada en la Gaceta Parlamentaria, la legisladora priista Anabell Ávalos demandó una explicación detallada sobre la justificación de la compra, los destinatarios de los vehículos y las medidas adoptadas para evitar su uso con fines personales.
La senadora tlaxcalteca manifestó que la adquisición de estas camionetas es una muestra evidente de cómo la austeridad republicana promovida por Morena se ha quedado en un simple discurso sin una implementación real y efectiva.
“Mientras miles de tlaxcaltecas enfrentan dificultades para alimentarse y transportarse en camiones, combis y microbuses, el gobierno estatal destina millones de pesos en camionetas de lujo. Esto es una muestra clara de cómo la austeridad republicana de Morena es solo un discurso”, expresó Ávalos durante su intervención.
De acuerdo con la senadora, el costo de las 10 unidades de la marca Chevrolet Suburban High Country, que suman más de 56 millones de pesos, podría haberse destinado a la compra de alrededor de 73 mil canastas básicas, una cifra que, según Ávalos, evidencia la falta de sensibilidad del gobierno estatal hacia las necesidades reales de la población tlaxcalteca.
Además de cuestionar el uso de los recursos, la legisladora hizo énfasis en el precio elevado de cada una de las camionetas, las cuales costaron cerca de 6 millones de pesos por unidad, cuando el precio comercial de estos vehículos ronda entre 3.5 y 4 millones de pesos. Esta diferencia en el precio de compra ha generado sospechas sobre un posible sobreprecio, lo que podría constituir una irregularidad en el manejo de los recursos públicos.
Ávalos también criticó la falta de un proceso de licitación pública para la compra de los vehículos, lo que, según ella, viola el artículo 134 de la Constitución Mexicana, el cual establece que los recursos públicos deben ser utilizados de manera eficiente, económica y transparente. La senadora advirtió que la adquisición sin licitación podría ser una transgresión a las normas que rigen el uso de los recursos del Estado.
En cuanto a la justificación de la compra, especialmente el argumento de que los vehículos blindados serían necesarios por motivos de seguridad, Ávalos planteó una serie de dudas. “Si los gobiernos morenistas afirman que la delincuencia ha disminuido, ¿por qué es necesario adquirir vehículos blindados para proteger a la gobernadora?”, cuestionó la legisladora, sugiriendo que esta medida podría ser innecesaria y excesiva, dado el contexto de seguridad en la región.
Finalmente, la senadora Anabell Ávalos reafirmó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, y aseguró que continuará dando seguimiento a esta situación para garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera responsable. Asimismo, advirtió que seguirá denunciando cualquier acción que contravenga los principios de buen gobierno y manejo adecuado de los fondos públicos, los cuales deben estar al servicio de la ciudadanía y no de intereses particulares.
Esta controversia resalta una vez más las tensiones entre los principios de austeridad promovidos por el gobierno federal de Morena y las acciones tomadas por algunas administraciones estatales, lo que genera un debate sobre la congruencia de las políticas públicas en materia de gestión de recursos.