Alertan por la vida del senador del PRI Alejandro Moreno y su familia está en riesgo y tiene derecho a exhibir en instancias internacionales la persecución política y amenazas de que es objeto, opina vicepresidente de los partidos caribeños: Fausto Liz
De la redacción
Santo Domingo, República Dominicana, 22 de agosto de 2025. – La comunidad internacional, cada vez más alarmada por el rumbo autoritario del Gobierno de México, ha manifestado su preocupación ante lo que considera una clara persecución política contra el presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), el senador mexicano del PRI Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.
Desde la capital dominicana, el vicepresidente regional de la COPPPAL, el embajador Fausto Liz Quiñones, fue enfático: la solicitud de desafuero contra Moreno Cárdenas no es más que una venganza política disfrazada de legalidad, impulsada por un gobierno intolerante y represivo que pretende eliminar a uno de sus más férreos opositores.
“La comunidad internacional está convencida de que se trata de un uso abusivo del sistema jurídico mexicano. Es un caso de lawfare en toda regla: judicialización de la política para destruir al adversario”, denunció Liz Quiñones. Este término, que ha ganado notoriedad en América Latina en los últimos años, describe cómo los aparatos judiciales son manipulados con fines políticos, y en el caso de Alejandro Moreno, la evidencia parece acumularse peligrosamente.
El diplomático caribeño fue más allá al comparar esta situación con uno de los episodios más oscuros de la historia política de República Dominicana. “Ni el dictador Joaquín Balaguer se atrevió a perseguir con tanto odio a José Francisco Peña Gómez como lo está haciendo hoy el Gobierno de México contra Alejandro Moreno. Es una vergüenza para la democracia”, subrayó.
La gravedad del caso ha despertado solidaridad entre 35 partidos políticos del Caribe y ha generado múltiples pronunciamientos en foros internacionales. Todos coinciden en que el desafuero solicitado contra Moreno representa una clara señal del deterioro democrático en México bajo el Gobierno de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum.
La parcialidad con la que actúa la Sección Instructora del Congreso, encabezada por un legislador identificado con el oficialismo, refuerza la sospecha de una operación política orquestada desde el poder. Las declaraciones intimidatorias y visiblemente tendenciosas de sus miembros no dejan lugar a dudas sobre la falta de imparcialidad en el proceso.
Esta situación recuerda, inevitablemente, el fallido intento de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador en 2005, cuando era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal. Hoy, las mesas han cambiado, pero la historia se repite: un gobierno, ahora en el poder, utiliza el mismo mecanismo que antes denunció, esta vez para silenciar a un dirigente opositor incómodo.
La imagen internacional de México, que por décadas fue un referente diplomático y de asilo político, se erosiona rápidamente. Las denuncias de persecución política contra Alejandro Moreno ya figuran en los informes de organizaciones multilaterales y serán parte de las discusiones venideras en organismos regionales y globales.
La comunidad internacional observa con creciente preocupación y no dudará en actuar si se confirman violaciones sistemáticas a los derechos políticos y humanos del líder opositor mexicano.
Mientras tanto, “Alito” Moreno, respaldado por sus pares latinoamericanos y caribeños, continúa su lucha, ahora con mayor fuerza desde los escenarios internacionales. La pregunta que queda en el aire es: ¿Hasta dónde llegará el Gobierno de México en su cruzada contra la disidencia?