El PRI acusa colapso de la seguridad y condena el atentado
Por Félix Muñiz
Michoacán volvió a exhibir, con crudeza, el deterioro de la seguridad pública y la expansión de la violencia criminal. René Valencia, hermano de Guillermo Valencia R., dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue emboscado con armas largas mientras transitaba entre Pátzcuaro y Erongarícuaro.
El ataque, de alto calibre y planeación evidente, dejó un mensaje inequívoco: en amplias regiones del estado, el crimen organizado opera sin freno ni consecuencias. Aunque la víctima logró sobrevivir, el atentado encendió las alarmas por la impunidad que domina carreteras y comunidades enteras.
La reacción del PRI fue inmediata y contundente. El dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, condenó el ataque armado y expresó su solidaridad con la familia Valencia.
En un pronunciamiento difundido en redes sociales, denunció que el hecho no es un episodio aislado, sino parte de una violencia sistemática que se ha normalizado bajo la inacción de las autoridades. Para el PRI, el atentado confirma que el Estado ha perdido control territorial y capacidad de disuasión frente a grupos criminales cada vez más audaces.
La emboscada, realizada con armas largas y en una vía de tránsito regional, retrata una realidad que Michoacán arrastra desde hace años: la criminalidad actúa a plena luz del día, con logística y poder de fuego, sin temor a operativos, investigaciones ni castigos.
La pregunta es obligada: ¿cómo es posible que un ataque de esta magnitud ocurra sin que existan garantías mínimas de seguridad en una zona estratégica? La respuesta, sostienen voces opositoras, apunta a una política de seguridad fallida y a la ausencia de autoridad efectiva.
Desde el PRI, se acusa al gobierno de Morena de omisión, tolerancia y de haber permitido que el crimen organizado se infiltre y consolide.
El senador del PRI Alejandro Moreno advirtió que cuando el poder público abdica de su responsabilidad, los delincuentes ocupan el vacío. El resultado —señaló— es un estado que se aproxima peligrosamente a la condición de “estado fallido”, donde no hay seguridad, ni orden, ni confianza ciudadana.
Guillermo “Memo” Valencia, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Michoacán, ha sido una de las voces más críticas frente a la violencia y la presunta connivencia entre autoridades y criminales.
Para su partido, el ataque contra su hermano tiene una carga simbólica: castigar a quien denuncia, intimidar a quienes alzan la voz y advertir que la ley no gobierna. Esa lectura agrava la dimensión política del atentado y exige una respuesta institucional inmediata.
La exigencia es clara: investigación exhaustiva, responsables detenidos y una estrategia de seguridad que deje de ser retórica. Mientras no ocurra, el atentado contra René Valencia quedará como otro recordatorio de la impunidad que asfixia a Michoacán y del costo humano de un país donde la violencia avanza más rápido que la justicia.