El margen de ganancia en el campo cayó casi 40%; productores están abandonados por falta de apoyos
Por Félix Muñiz
La discusión en torno a la nueva Ley General de Aguas ha detonado una de las críticas más severas desde el Senado y la voz más contundente proviene de la senadora del PRI Paloma Sánchez Ramos, quien acusa al gobierno federal y a la mayoría de Morena de criminalizar a los productores mientras, en contraste, “cierran los ojos frente a los verdaderos criminales”.
Para la legisladora priista por el Estado de Sinaloa Paloma Sánchez, esta iniciativa no busca garantizar el derecho humano al agua, sino someter al campo mexicano y concentrar el control del recurso en manos del poder político.
Sánchez Ramos expone un diagnóstico alarmante: en los últimos años, México ha dejado de producir 12 millones de toneladas de alimentos, importa más de la mitad del maíz y los márgenes de ganancia del sector agrícola se han desplomado casi 40%.
Este retroceso, afirma la legisladora sinaloense no es casual, sino resultado de un abandono sistemático del campo. Sin apoyos, sin políticas públicas y sin certeza, los productores sobreviven en un entorno donde el gobierno, en lugar de tender la mano, “decide patearlos mientras están en el suelo”.
La senadora denuncia que la iniciativa fue construida sin consulta a los pueblos indígenas y abre la puerta para que el acceso al agua dependa de conveniencias electorales y no de criterios técnicos. “Quieren un campo rendido; callado; sumiso y mediocre con lo poco que les dan”, advirtió.
En el mismo tono Sánchez Ramos, dijo que la ley persigue tres objetivos peligrosos:
- Centralizar la administración del agua en un gobierno que ya acumula un control excesivo.
- Reasignar volúmenes hídricos con criterios políticos, castigando o premiando según intereses partidistas.
- Limitar la libertad productiva, convirtiendo a los productores en sujetos dependientes y vulnerables.
La legisladora critica especialmente la intención de transformar las concesiones en permisos temporales, una maniobra que, asegura, pone en riesgo derechos fundamentales de quienes alimentan al país. Las protestas recientes del sector son prueba del hartazgo: la gente del campo ya no resiste la incertidumbre y reclama un gobierno que no escucha ni respeta acuerdos, incluso aquellos firmados por la propia Secretaría de Gobernación.
A esto se suma la postura presidencial, que descalifica las movilizaciones tachando a los productores de “ricos y privilegiados”. Para Sánchez Ramos, esta narrativa es injusta y desconectada de la realidad: “Una productora lo dijo con claridad: ‘ya nos dieron en la madre’. Sin Financiera Rural, sin apoyos a la comercialización y sin certidumbre, los productores están olvidados”.
En su crítica más severa, la senadora denuncia que mientras el gobierno impulsa una ley que criminaliza a los productores, el narcotráfico controla distritos de riego sin investigaciones ni acciones contundentes. “La esencia del oficialismo no es impartir justicia; es administrar la ilegalidad”, acusó.
Finalmente, reiteró que el agua es un bien nacional, no propiedad del gobierno, y que el PRI no respaldará un dictamen que condena al campo. Exige escuchar a los productores e incorporar los cambios necesarios. “Decimos no al abuso, no a la amenaza y no al control político del agua. Queremos una ley que garantice el derecho humano al agua y fortalezca al campo, la ganadería y todos los sectores productivos”, concluyó.