Además de destruir su autonomía para someterla, buscan dinamitar la relación de colaboración y cooperación con Estados Unidos
Por Félix Muñ
La destitución (o más bien la renuncia forzada) de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) marca lo que podría ser el más severo asalto institucional contra la autonomía del Ministerio Público en la historia reciente.
Para el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas se trata de un “golpe jurídico-político” diseñado para someter la FGR al poder del gobierno.
En entrevista con Adela Micha en su Programa por Adela el senador del PRI Alejandro Moreno comentò que esta operación representa mucho más que un cambio de titularidad: implica la demolición de la FGR independiente, con consecuencias graves para la justicia y la seguridad en México.
Vale recordar que la noche del 27 de noviembre de 2025, el Senado aprobó con 74 votos a favor la aceptación del retiro de Gertz Manero como titular de la FGR, alegando “causa grave”. Formalmente, la carta señalaba que el exfiscal aceptó ser propuesto como embajador de México ante un “país amigo”. Con ello, su periodo —que habría durado hasta 2028— quedó abruptamente truncado.
“Como no actúa a su capricho ni bajo consigna, ahora quieren destruir su autonomía y someterla al poder del gobierno”, aseguró.
Moreno no se limita a criticar la remoción: advierte también una estrategia para blindar a personajes que —según su versión— están implicados en casos de “huachicol fiscal, lavado de dinero y narcopolíticos” dentro de las filas del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Una FGR autónoma, cabe suponer, resultaba molesta para esos intereses.
Las circunstancias de la salida de Gertz son, en ese sentido, profundamente cuestionables. Reportes periodísticos señalan que desde Palacio Nacional —el centro del poder— se habría ejercido presión para removerlo, con la intención de colocar a alguien “a modo”. Lo que prima, entonces, no serían razones de fondo —fiscales o legales—, sino políticas.
Sea como fuere, la operación se cerró con rapidez. En una sesión exprés, el Senado aceptó su carta, vaciando la institucionalidad bajo el argumento de “causa grave”.
Desde el PRI y voces críticas exigen que esta transición no quede en silencio: advierten que este relevo no solo pone en riesgo la autonomía de la FGR, sino la posibilidad misma de investigar impunemente a actores poderosos vinculados a la delincuencia organizada o a la corrupción.
La renuncia de Gertz Manero, aunque maquillada como una “oportunidad diplomática”, deja al país sin una cabeza visible en la FGR, crea un escenario inestable y abre la puerta a una Fiscalía a la medida del poder. Un retroceso institucional de dimensiones mayúsculas.
En un momento en que México enfrenta crisis de violencia, corrupción y desconfianza ciudadana, lo que se juega no es menor: es la posibilidad de contar con órganos autónomos capaces de impartir justicia sin órdenes, sin consigna, sin sumisión.
Y si la narrativa del gobierno pretende disfrazarlo como un simple relevo —como han querido presentar la oferta de embajada—, la realidad es cruda: se trata de un golpe jurídico-político, brutal, contra una institución que debía servir al pueblo, no al poder.