La iniciativa de aumentar 25% al VISITAX y obligar a los prestadores de servicios turísticos a ser responsables solidarios y quienes retengan ese cobro, representa un daño grave a la competitividad
Por Félix Muñiz
El Caribe Mexicano, motor irrefutable del turismo nacional, enfrenta un nuevo golpe que amenaza su estabilidad y competitividad internacional. El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano lanzó una advertencia severa ante la iniciativa del Gobierno del Estado de Quintana Roo de incrementar 25% el pago del VISITAX y convertir a hoteles y prestadores de servicios turísticos en retenedores obligados del cobro.
La medida, lejos de fortalecer la recaudación, abre una profunda grieta en la certidumbre jurídica, económica y operativa del sector más importante de la región.
El nuevo esquema de VISITAX llega en el peor momento. Mientras destinos globales reducen cargas fiscales para atraer visitantes en un mercado cada vez más competitivo, Quintana Roo parecería adoptar un camino inverso y autodestructivo, vulnerando de lleno la competitividad turística de México.
El incremento y la transferencia del cobro a hoteles colocan al país en una desventaja crítica, especialmente en una región donde la demanda es extremadamente sensible a los aumentos de costos.
La iniciativa, además, contradice directamente los principios del “Plan México”, cuyo objetivo es mejorar la percepción internacional, reducir cargas al viajero y estimular la confianza para detonar inversiones.
En lugar de contribuir a ese propósito nacional, este nuevo esquema encarece injustificadamente la experiencia del visitante, deteriora la hospitalidad que distingue a la región y erosiona los incentivos para invertir en destinos mexicanos.
Desde la operación hotelera, la medida raya en la inviabilidad. Los hoteles no pueden —simplemente no pueden— trasladar un nuevo cargo a tarifas acordadas con meses de anticipación en contratos internacionales.
La pretensión de dispersar la recaudación del VISITAX entre miles de prestadores turísticos multiplica el riesgo de cobros indebidos, errores operativos y fricciones con los viajeros, lo que desembocaría en confusión generalizada y en una percepción negativa del destino. El resultado es inequívoco: no habrá mayor recaudación, pero sí un daño inmediato al engranaje turístico.
El golpe es aún más severo para destinos emergentes como Chetumal y Bacalar, donde el VISITAX para una pareja puede equivaler prácticamente a una noche de hotel. Este impacto desproporcionado recae directamente sobre negocios familiares y hoteles accesibles, poniendo en riesgo el delicado modelo multidestino que ha convertido al Caribe Mexicano en una oferta integral y diversa.
A lo anterior se suma un elemento inevitable: la propuesta es jurídicamente insostenible. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido clara al establecer que la responsabilidad solidaria solo puede imponerse cuando existe una vinculación directa con el hecho generador del cobro.
Pretender que los hoteles recauden un tributo relacionado con el uso de infraestructura pública —ajeno al servicio de hospedaje— constituye una delegación indebida, abiertamente inconstitucional.
El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, comprometido con el desarrollo sostenible del estado, hace un llamado urgente a las autoridades: rectificar antes de causar un daño mayor.
El nuevo esquema de VISITAX no fortalece las finanzas públicas, no mejora la competitividad turística y sí amenaza la estabilidad económica del principal destino de México. Reconsiderar no solo es prudente: es indispensable para proteger el futuro del turismo nacional.