La senadora del PAN sostiene que es un deber público proteger la salud de las mujeres, que son un grupo históricamente vulnerable
Por Félix Muñiz
En un paso decisivo hacia la equidad en salud, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Susana Zatarain García, presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca garantizar el derecho a acceder gratuitamente a pruebas para la detección del cáncer cérvico uterino y de mama.
La propuesta, enfocada en proteger la vida y la salud de las mujeres, plantea incorporar este derecho explícitamente en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La legisladora por Baja California Sur, Susana Zatarain subrayó que establecer a nivel constitucional el derecho a pruebas gratuitas para detectar cáncer cérvico uterino y de mama no es sólo un acto de justicia social, sino una acción urgente que responde a los retos sanitarios y económicos del país. “Este derecho debe ser universal, gratuito, periódico y oportuno, como una manifestación concreta del derecho a la salud con enfoque de género y equidad”, puntualizó.
Zatarain García enfatizó que el cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte en México, afectando de manera desproporcionada a las mujeres. De acuerdo con cifras del INEGI, en 2023 se registraron 91 mil 562 fallecimientos por cáncer, de los cuales el 52.4% correspondió a mujeres. En mujeres mayores de 30 años, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores malignos.
Además del impacto en la salud pública, el costo económico del tratamiento del cáncer es elevado. Datos del IMSS indican que el 4.5% del presupuesto del Seguro de Enfermedades y Maternidad se destina al tratamiento de cáncer de mama, cérvico uterino y de próstata, mientras que en el ISSSTE, el gasto en todos los tipos de cáncer representa el 9.1% del total del Seguro de Salud. “Estas cifras evidencian la urgencia de reforzar las políticas preventivas y de detección oportuna”, añadió la senadora.
La propuesta de reforma también busca romper con la dependencia de decisiones administrativas que, actualmente, pueden limitar o suspender los programas de prevención, especialmente en contextos de restricciones presupuestarias o cambios de gobierno. “El acceso a servicios preventivos debe entenderse no sólo como una prioridad de salud pública, sino como un deber jurídico del Estado mexicano, derivado de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos”, afirmó Zatarain García.
Incorporar este derecho a nivel constitucional obligaría al Estado a implementar políticas públicas permanentes, más allá de intereses sexenales, garantizando servicios preventivos continuos y de calidad.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales, Salud y Estudios Legislativos Segunda del Senado, donde será analizada y dictaminada.
Con esta propuesta, Zatarain García da un paso propositivo para enfrentar una de las principales amenazas a la salud de las mujeres en México, proponiendo una solución estructural que coloque al país a la vanguardia en la garantía de derechos humanos y de salud pública.