El dictamen en la Cámara de Diputados para su aprobación recibió 252 votos a favor, 212 en contra y 4 abstenciones
Por Félix Muñiz
La Cámara de Diputados ha dado luz verde a la creación del tan debatido Fondo de Pensiones para el Bienestar, con una votación que reflejó divisiones profundas: 252 votos a favor, 212 en contra y 4 abstenciones. Sin embargo, detrás de esta aparente victoria legislativa, se cierne una sombra de controversia y desacuerdo que pone en entredicho la verdadera intención y los posibles efectos de esta medida.
El propósito declarado del Fondo es noble: recibir, administrar e invertir recursos para garantizar que los trabajadores puedan jubilarse con un porcentaje significativo de su salario promedio de cotización.
Se plantea como un salvavidas para aquellos que, tras décadas de trabajo, se enfrentan a pensiones raquíticas, insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Sin embargo, las críticas de la oposición son contundentes y difíciles de ignorar. Se argumenta que, en la práctica, el Fondo no garantiza una pensión equivalente al último sueldo, como se ha prometido.
Más bien, se teme que se convierta en un mecanismo para despojar a los trabajadores de sus ahorros, especialmente aquellos que ya han alcanzado una edad avanzada.
La diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva, ha destacado las propuestas de modificación presentadas durante la discusión en lo particular del proyecto. Sin embargo, estas enmiendas parecen insuficientes para disipar las preocupaciones sobre la efectividad y la equidad del Fondo.
Las voces críticas, provenientes de diferentes partidos políticos, advierten sobre los posibles abusos y vacíos en la legislación que podrían permitir un manejo poco transparente de los recursos del Fondo. Se cuestiona la falta de claridad en cuanto al destino y la fiscalización de los fondos, así como la ausencia de garantías reales para los trabajadores.
Desde el PAN, el diputado Santiago Torreblanca Engell denuncia el supuesto vicio inconstitucional del proyecto y cuestiona por qué se ignoran disposiciones previas sobre fondos de vivienda. Esta crítica se suma a la preocupación generalizada de que el Fondo podría terminar siendo una herramienta de saqueo disfrazada de solidaridad.
En contraste, los defensores del Fondo argumentan que representa un paso necesario hacia una mayor justicia social. Se insiste en que no se expropiarán los ahorros de los trabajadores y que el Fondo funcionará como un complemento a las pensiones existentes. Sin embargo, estas afirmaciones no han logrado disipar las dudas y la desconfianza.
En medio de este debate acalorado, los trabajadores y trabajadoras mexicanos quedan en una posición vulnerable, sin garantías claras sobre el futuro de sus ahorros y pensiones. Mientras tanto, los intereses políticos y partidistas parecen eclipsar el verdadero propósito de esta medida: asegurar un retiro digno para quienes han dedicado su vida al trabajo.
La creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar plantea interrogantes difíciles y desafíos significativos. ¿Será realmente la solución que promete ser, o se convertirá en otro capítulo oscuro en la historia de las políticas sociales en México? La respuesta a estas preguntas solo se conocerá con el tiempo, pero lo que queda claro es que el debate está lejos de concluir.
En el débete se protagonizaron las siguientes posturas a favor y en contra:
El diputado René Figueroa Reyes (PAN) expresó que una vez más se busca realizar un desfalco a las y a los trabajadores mexicanos con este Fondo de Pensiones y apropiarse del dinero de la gente. Hay lagunas en la redacción del dictamen para disponer de manera arbitraria de los recursos, no se establece ni el tiempo ni el monto que recibirán las y los trabajadores. “Es una reforma demagógica, electoral e inconstitucional”.
Por Morena, la diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra afirmó que se plantea un fondo que no prescriba y que las y los trabajadores que cotizan al IMSS o ISSSTE puedan recibir más pensiones. “Estamos haciendo que las Afores no prescriban, porque estábamos condenados con las reformas de 1997 y 2007 a que caducaban a los diez años de estar activas y los bancos se las quedaban”.
Sue Ellen Bernal Bolnik, diputada del PRI, aseveró que el dictamen pretende robar a las y a los trabajadores los ahorros de toda su vida laboral, a partir de los 70 años, así como a sus familias. “Se quiere confiscar el ahorro para el retiro del Fondo de Vivienda. No hay complemento a las pensiones y los apoyos estarán sujetos a la disponibilidad de recursos en ese Fondo”.
A su vez, la diputada Laura Catalina Reyes Romero (PVEM) señaló que es falso que las y los trabajadores a los que corresponden las pensiones se van a quedar sin el recurso porque van a ser expropiados. Se garantiza que en el momento que ellos lo dispongan van a hacer uso de sus ahorros. “El Estado no puede quedarse con los brazos cruzados observando cómo miles de mexicanos son condenados a vivir con una pensión raquítica”.
Omar Enrique Castañeda González, diputado de MC, indicó que se quiere hacer un parche al sistema de pensiones, el cual requiere una profunda y gran reforma fiscal que realmente resuelva. Es mentira, dijo, que tomando 40 mil millones de pesos de las Afores y de la Subcuenta de Vivienda se va a resolver esa situación; “esos recursos no son del Gobierno Federal, son de las y los trabajadores”.
De Morena, la diputada Sonia Rincón Chanona afirmó que el Fondo de Pensiones no representa una confiscación de recursos de las y los trabajadores; por el contrario, constituye un instrumento de justicia y solidaridad que busca reconocer y proteger los derechos de quienes han trabajado de forma honesta a lo largo de su vida.
El diputado Xavier González Zirión (PRI) adelantó que votarán en contra, y si la mayoría aprueba el dictamen vamos a ir al Poder Judicial para impedir este desfalco. “Esta reforma provocará jubilaciones de hambre para quienes trabajaron toda su vida y para sus familias”.
Por su parte, el diputado Benjamín Robles Montoya (PT) comentó que el dictamen revertirá disposiciones contenidas en reformas aprobadas en pasadas administraciones porque representan una violación a los derechos de las y los trabajadores; además, se desecharán las “falsas recetas económicas, dañinas y abusivas”.
La diputada del PRD, Gabriela Sodi, refirió que los ahorradores están a punto de perder el esfuerzo de toda su vida y bajo el pretexto de beneficiarlos pretenden saquearlos en el ocaso de su vida. Consideró que el dictamen no contiene los elementos suficientes para justificar la necesidad de urgencia y tiene vacíos con respecto al destino, utilización y fiscalización de los mismos.
El diputado Joaquín Zebadúa Alva (Morena) argumentó que las Afores y los ahorros individuales no se tocan y son imprescriptibles, no caducan. “Los ahorros del pueblo de México están a salvo, los beneficiarios los podrán reclamar; es un fondo para complementar las pensiones. Es mentira que se vayan a confiscar los ahorros”.
Patricia Terrazas Baca, diputada del PAN, mencionó que este día marca un retroceso extremadamente peligroso en el sistema de pensiones, porque “le van a meter las uñas al cajón del dinero de las y los ahorradores mexicanos”, y alertó que las Afores que hay en este momento no han sido reclamadas por las y los trabajadores mayores de 70 años.
De Morena, el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana destacó que las y los trabajadores tienen incertidumbre sobre sus pensiones y con la propuesta no se le va a quitar un peso a los trabajadores porque son imprescriptibles. Es mentira que se va a expropiar el sistema de fondos para el retiro.