La persecución contra el líder de la COPPPAL, agravia también a los Partidos Políticos Democráticos de América Latina y el Caribe, señala la Unión Cívica Radical
Por Félix Muñiz
La comunidad política latinoamericana alza la voz con fuerza frente a la creciente represión política en México. Dirigentes de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay han expresado una condena enérgica y sin ambigüedades a la persecución judicial y política contra Alejandro “Alito” Moreno, presidente del PRI y líder de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL). Las muestras de solidaridad no solo exponen una preocupación regional compartida, sino que también desenmascaran el rostro autoritario del gobierno de MORENA, que avanza, según denuncian, hacia la instauración de un régimen de partido único.
La denuncia más grave y compartida es clara: el Gobierno de México estaría utilizando el aparato de justicia como instrumento de persecución política, recurriendo al lawfare, una guerra sucia con fachada legal, para acallar a un opositor incómodo como lo es Moreno Cárdenas.
Desde Argentina, la histórica Unión Cívica Radical, partido del expresidente Raúl Alfonsín, a través de Marcelo García, denunció que perseguir a Moreno no solo afecta al PRI sino que lesiona a toda la institucionalidad democrática latinoamericana. “Quienes defendemos el Estado de Derecho no podemos quedarnos callados mientras se normaliza el uso de la justicia como arma política”, afirmó con severidad.
En la misma línea, Everton da Conceição Gomes, del Partido Democrático Laborista de Brasil, alertó sobre un fenómeno inquietante: la destrucción sistemática de la división de poderes en México, el asalto a las instituciones electorales y la clausura de los espacios políticos. “Es el manual del autoritarismo disfrazado de progresismo”, denunció, y convocó a los demócratas auténticos a resistir la ola populista.
Desde Chile, voces con peso institucional se sumaron a la condena. El senador Ricardo Navarrete, exministro del Interior, vinculó la represión contra “Alito” con las peores prácticas dictatoriales: “México está en peligro de consolidar un régimen de partido único, y eso los demócratas no lo podemos permitir”, declaró.
A su vez, Harold Correa, exjefe de gabinete de la presidenta Michelle Bachelet, fue tajante: “El rostro más represivo e intolerante del Gobierno de MORENA se ha revelado con la persecución a Moreno. La comunidad internacional debe reaccionar”, exhortó.
En Uruguay, Sebastián Hagobian calificó el acoso judicial a Moreno como un caso clásico de lawfare. “Denuncian, pierde el gobierno, abren otro proceso. Es una estrategia sistemática de desgaste que no tiene cabida en una democracia auténtica”, aseveró.
Ante estas declaraciones, la situación es insostenible. Lo que está en juego no es solamente el futuro político de Alejandro Moreno, sino la salud democrática de México. Perseguir judicialmente al líder de la oposición, por denunciar presuntos vínculos entre funcionarios de Morena y el crimen organizado, no solo es una represalia política: es una alerta roja para todo el continente.
¿Hasta cuándo el Gobierno mexicano seguirá amparado en el silencio internacional? ¿Y cuántas voces más deberán alzarse para que la comunidad global comprenda que en México, el autoritarismo ya no es una amenaza, sino una realidad que avanza peligrosamente?