Exigió al gobierno una investigación con celeridad, profundidad y en transparencia total sobre quién estuvo detrás, los motivos y si existe una organización criminal involucrada
Por Félix Muñiz
El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, calificó como posible crimen de Estado el asesinato de dos funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, Ximena Guzmán secretaria particular de la Jefa de Gobierno Clara Brugada y el asesor José Muñoz exigiendo transparencia total en las investigaciones y advirtiendo sobre un trasfondo más grave de lo que se ha querido mostrar.
En un tono firme y visiblemente indignado el senador del PAN Ricardo Anaya alzó la voz y no dejó pasar la oportunidad para abordar lo que calificó como un “atentado directo al corazón del gobierno capitalino”: el asesinato de Ximena, secretaria particular de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y de José, otro servidor público de alto nivel.
“No es un tema de partidos. Es un tema de vidas humanas”, sentenció el líder del Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN), quien exigió una investigación con celeridad, profundidad y absoluta transparencia. Para Anaya, los indicios apuntan a un crimen que va más allá de la violencia común y que podría estar relacionado con intereses del crimen organizado o, incluso, con una acción orquestada desde estructuras de poder: un posible crimen de Estado.
La gravedad del caso radica no sólo en el método del asesinato —cometido por sujetos a bordo de una motocicleta que interceptaron el vehículo de las víctimas—, sino en el perfil de quienes perdieron la vida. Ximena era, según palabras del propio Anaya, “la funcionaria más cercana a la jefa de Gobierno”, una figura con acceso privilegiado a información estratégica y, por tanto, un blanco que no fue elegido al azar.
“No fue un robo. No fue un ataque al azar. Fue un asesinato dirigido y cobarde”, afirmó Anaya. Para el coordinador panista, el país se encuentra en un contexto de violencia exacerbada, donde el crimen organizado se ha infiltrado en múltiples niveles de la administración pública y en el que los mensajes del narco no siempre se escriben en mantas: a veces se comunican con sangre.
La presencia reciente del embajador de Estados Unidos en México y las tensiones por el control territorial de los cárteles en la capital mexicana alimentan aún más las sospechas sobre un trasfondo político o criminal que ha sido deliberadamente minimizado por las autoridades.
El legislador panista por el Estado de Querétaro Anaya Cortés fue claro: no se trata de especular, sino de exigir verdad. En sus palabras, “la única manera de evitar las especulaciones es con una investigación pública, abierta y exhaustiva”. A su juicio, la sociedad mexicana tiene el derecho de saber quién ordenó este asesinato, por qué lo hizo, y qué vínculos existen entre este crimen y las estructuras del poder político o del crimen organizado.
El silencio oficial, advirtió, puede ser tan grave como el crimen mismo. Por eso, hizo un llamado no solo al gobierno capitalino, sino al federal, para garantizar que la investigación no sea utilizada como mecanismo de encubrimiento ni de manipulación política.
“La impunidad en este caso sentaría un precedente peligrosísimo. O esclarecemos este crimen, o lo convertimos en otro síntoma más del colapso institucional que vivimos”, concluyó Anaya.
El caso apenas comienza, pero la presión desde el Senado ya colocó este doble asesinato en el centro del debate nacional. ¿Responderán las autoridades con la transparencia exigida o seguirá escribiéndose en México la trágica historia de crímenes de Estado impunes?