La senadora del PRI Claudia Anaya, fue clara al advertir que esta reforma representa “empedrar el camino al infierno”
Por Félix Muñiz
En una madrugada tensa y marcada por manifestaciones violentas a las afueras del Senado, la Cámara alta aprobó el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Este controversial decreto, que tuvo lugar durante una sesión que se extendió por más de ocho horas, fue ratificado por los legisladores de Morena y sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo, alcanzando 86 votos a favor y 42 en contra.
El debate en el Senado se produjo en un contexto de polarización extrema entre el oficialismo y la oposición. Desde la tribuna, senadores de partidos como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano denunciaron lo que consideran un acto de militarización del país.
Claudia Anaya, senadora del PRI, fue clara al advertir que esta reforma representa “empedrar el camino al infierno”, sugiriendo que se están sacrificando los derechos humanos en nombre de una seguridad fallida.
La reforma modifica varios artículos de la Constitución, permitiendo a la Guardia Nacional no solo su adscripción a la Sedena, sino también la facultad de investigar delitos, un poder que históricamente corresponde al Ministerio Público. Este movimiento ha suscitado intensas críticas sobre la posibilidad de que la seguridad pública se militarice aún más, generando preocupaciones sobre el respeto a los derechos civiles y la protección de las libertades individuales.
El senador de Morena con licencia Omar García Harfuch y próximo Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, defendió la medida, asegurando que “no existe militarización alguna” y argumentando que la integración de diferentes tipos de inteligencia es crucial para combatir la criminalidad. Sin embargo, las críticas persisten.
Ricardo Anaya, del PAN, calificó la estrategia de militarización como un “rotundo fracaso”, recordando que esta no ha logrado pacificar al país durante años de intentos previos.
La oposición se mostró firme en su rechazo, afirmando que la discusión actual no resuelve los problemas de inseguridad que aquejan a la población. Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, reiteró que más de dos décadas de militarización han demostrado ser ineficaces, y que esta nueva reforma no representa una solución viable.
Con la aprobación de esta medida, se establece que la Guardia Nacional será una fuerza de seguridad pública profesional, integrada por personal de origen militar, lo que no solo acentúa la militarización de la seguridad pública, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro de la Policía Federal y su personal. A partir del 30 de septiembre, el decreto será enviado al presidente López Obrador para su firma, lo que podría formalizar una nueva etapa en la seguridad pública de México.
Las manifestaciones en las afueras del Senado, que en algunos casos se tornaron violentas, son un claro reflejo del descontento social ante una política de seguridad que parece ignorar las voces de aquellos que sufren las consecuencias de la violencia. La decisión de trasladar la Guardia Nacional a la Sedena no solo exacerba la crisis de confianza en las instituciones, sino que también pone de manifiesto una lucha política en la que el futuro de los derechos humanos y la seguridad ciudadana están en juego.
Mientras el debate continúa, la pregunta que persiste es si esta reforma realmente proporcionará la paz y seguridad que tanto anhela la población o si, por el contrario, se convertirá en otro capítulo de una historia de fracasos en la lucha contra el crimen. A medida que se prepara una nueva sesión legislativa el domingo, se espera que la oposición reitere sus argumentos en contra de esta transformación radical en la estructura de seguridad del país. La incertidumbre sobre el futuro de la seguridad pública en México se cierne sobre un panorama ya convulso, donde el diálogo y la negociación parecen haber sido relegados a un segundo plano.