Carolina Viggiano denuncio que en Morena llevan prisa por instalar una dictadura
Por Félix Muñiz
La reciente decisión de la Comisión Permanente de convocar a ambas Cámaras del Congreso a un Periodo Extraordinario de Sesiones, del 23 de junio al 2 de julio de 2025, ha generado una fuerte ola de críticas por parte de legisladores de oposición y analistas políticos.
Si bien el proceso se validó legalmente con 26 votos a favor y 9 en contra, el contenido y la forma en que se construyó esta convocatoria han sido señalados como un ejemplo más de centralismo legislativo y exclusión de voces disidentes.
Una agenda cargada, sin consensos suficientes
Durante este Periodo Extraordinario de Sesiones del Congreso de la Unión, se pretende abordar 16 iniciativas de alto impacto, algunas con profundas implicaciones legales, económicas y sociales.
Entre ellas destacan reformas a leyes en materia de desapariciones forzadas, telecomunicaciones, competencia económica, seguridad pública y hasta la reestructuración de la Guardia Nacional. No obstante, lo que podría haber sido una oportunidad para el diálogo nacional, se ha convertido en una muestra más de imposición parlamentaria.
La posición del PRI la explicó la senadora Carolina Viggiano quien dijo llevan prisa por instalar un gobierno autoritario y convocan a un período extraordinario sin dictámenes.
Para el diputado Pablo Vázquez Ahued (MC), la convocatoria se construyó sin el consenso necesario y con una lógica de “mayoría impuesta”, lo que pone en entredicho la legitimidad del proceso. “Se debió priorizar un enfoque plural, acotado y enfocado en temas de verdadera trascendencia nacional”, criticó.
Acumulación de reformas, sin análisis profundo
El mayor cuestionamiento recae sobre la sobrecarga de temas críticos en un periodo de apenas 10 días, lo que para varios legisladores representa un riesgo legislativo.
El diputado Rubén Moreira Valdez (PRI) advirtió que se está promoviendo un debate “precipitado, irresponsable y sin reflexión”, con el objetivo de aplanar el camino a una agenda política cargada de simbolismos y vacía de análisis técnico.
Entre los puntos más controversiales se encuentra la reforma integral a la Guardia Nacional, que incluye modificaciones a más de diez leyes militares y de seguridad. Esta reestructuración, según el PAN, “responde a una visión unitaria del poder, más que a un interés real por mejorar la seguridad de los ciudadanos”.
Un Congreso dividido y bajo presión
Aunque desde Morena y el PT se insiste en que se trata de reformas “necesarias” para continuar con la transformación del país, la falta de apertura al debate plural genera dudas sobre la viabilidad y profundidad de estas propuestas. La inclusión de temas como la transferencia de funciones del CONEVAL al INEGI o la expedición de nuevas leyes en telecomunicaciones en sesiones relámpago, revela la prisa legislativa más que el compromiso con una mejora institucional.
El senador del PVEM, Jorge Carlos Ramírez Marín, trató de justificar la convocatoria asegurando que “urge que el Congreso trabaje”, pero la pregunta que queda es si trabajar implica legislar al vapor o verdaderamente construir leyes duraderas, discutidas y consensuadas.
Conclusión: ¿Un periodo extraordinario o una oportunidad desperdiciada?
Más allá de la legalidad de la convocatoria, lo cierto es que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ha encendido un debate sobre los límites del poder legislativo y la urgencia de retomar el diálogo democrático.
Un Periodo Extraordinario de Sesiones debería ser un espacio para atender emergencias legislativas, no un instrumento para aprobar en fast track proyectos de un solo grupo.
En la medida en que el Congreso no recupere su papel como foro plural y deliberativo, el riesgo de erosionar la confianza ciudadana en las instituciones seguirá creciendo.