La violencia escolar no se combate con silencio, sino con acciones urgentes
Por Félix Muñiz
Mientras en Sinaloa los disparos obligan a cerrar las aulas, el gobierno guarda un silencio que resuena más fuerte que las balas. En un país donde la infancia queda atrapada entre la violencia armada y la indiferencia institucional, la propuesta de la senadora Paloma Sánchez Ramos, del PRI, no solo es pertinente: es un grito desesperado ante una tragedia que parece no tener fin.
La senadora lo dijo sin rodeos: “En Sinaloa estamos atrapados entre el miedo y la incertidumbre por una guerra que el gobierno no puede detener”. No es una exageración. Es una realidad dolorosa. Bloqueos, balaceras, amenazas y el constante cierre de escuelas son el pan de cada día en varias regiones del país.
Y mientras los grupos criminales controlan las calles, el Estado no logra ni siquiera garantizar que una niña o un niño pueda ir a la escuela sin miedo.
En este contexto, cuando las balas cierran las aulas, necesitamos abrir las puertas a la educación digital, como insiste la legisladora. Su propuesta legislativa tiene un enfoque claro: que el acceso a la educación no dependa de que haya paz en las calles. Que las niñas y niños no paguen con su futuro el precio de una guerra que no iniciaron y que nadie ha podido terminar.
La iniciativa de Paloma Sánchez tiene dos pilares fundamentales. El primero: que el Estado garantice la continuidad educativa en contextos de emergencia por violencia. El segundo: que las autoridades locales implementen estrategias de educación digital, asegurando el acceso equitativo a herramientas tecnológicas —computadoras, plataformas digitales, radio y televisión— que permitan que el aprendizaje continúe cuando las escuelas no pueden abrir.
Pero aquí está el problema: ¿cuántos gobiernos estatales y municipales están realmente preparados para ejecutar estas medidas? ¿Cuántos niños en zonas rurales o marginadas tienen acceso a internet, una tableta o incluso señal de televisión educativa? La crisis no es solo la violencia: es también la incapacidad institucional para responder de forma inmediata, integral y eficiente.
Resulta alarmante que en pleno 2025 aún tengamos que exigir lo más básico: que los niños puedan estudiar incluso cuando el crimen organizado toma el control de las ciudades. La falta de infraestructura digital, de políticas públicas reales y de voluntad política ha convertido la educación en una víctima silenciosa más de la inseguridad.
La senadora fue clara: “Si el Estado no puede detener la violencia, al menos debe garantizar que el aprendizaje no se detenga”. Es una afirmación dura, pero justa. No basta con condenar la violencia o lamentar las escuelas cerradas. Se necesita acción. Se necesita responsabilidad.
Porque cuando la violencia arrebata la infancia, el Estado no puede limitarse a cruzarse de brazos. Debe garantizar que, aunque las balas callen las aulas, el conocimiento siga encontrando caminos para llegar a quienes más lo necesitan. Y si la educación digital es la única vía, entonces hay que abrirla, financiarla y defenderla con la misma urgencia con la que se protege una vida.