El fraude se estructuraba en el control político del Padrón Electoral y, consecuentemente, del listado de votantes
Por Félix Muñiz
Luego de manifestar que en lugar de andar modificando la Constitución en temas que ya están resueltos, el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova Vianello, dijo que a lo mejor valdría la pena que el así llamado Constituyente Permanente se avocara a reformar la Constitución para modernizarla.
Es decir, para ir hacia adelante, no para volver a un pasado que, afortunadamente, dejamos atrás.
Al presidir la presentación del libro México, nación transterritorial. El desafío del siglo XXI, el titular del INE Lorenzo Córdova pregunto: ¿En qué se centró la construcción de la democracia mexicana?
¿Cuál fue el primer gran acto sobre el cual se construyó un sistema electoral confiable y elecciones auténticas?
Arrebatarle al gobierno el control del Listado Nominal del Padrón Electoral. Porque en el pasado no tan remoto, hace 35 años, quien definía quién podía votar era el gobierno y lo hacía en muchos casos, como está documentado en nuestra histórica político-electoral, de manera absolutamente discrecional.
En pocas palabras, de ahí nació la democratización, que el gobierno no tuviera interferencia, intervención es definir quién puede y quién no puede votar, sino que esto se hiciera por un órgano autónomo con la vigilancia y auditoría de todos los partidos políticos, como la piedra básica, la piedra fundamental, la piedra de toque donde puedes construir confianza.
Dicho en pocas palabras, si tú tienes un INE autónomo y afortunadamente seguiremos teniendo un INE autónomo, y los riesgos de captura son los que son, pero afortunadamente hay consejeras y consejeros que van a seguir en sus cargos, manteniendo y garantizando la autonomía de este órgano.
Si tú tienes un INE autónomo, pero el INE ya no es el que va a decidir quién puede votar o no puede votar, ya no vamos a tener elecciones auténticas. Ése es el verdadero riesgo.
¿Y qué es lo que el mal llamado, o el así llamado Plan B plantea? Que ese universo de connacionales que viven en el extranjero pueden llegar a 38 millones, habría que definir cuántos de estos son mayores de edad, pero en todo caso son muchos, y muchos puedan eventualmente participar en las elecciones, bajo la validación, así dice, así es el Plan B.
Hay quien dice que mentimos, pues no, no mentimos, lo que pasa es que sí leímos lo que otros que lo votaron no leyeron.
La reforma a la LGIPE dice, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que el Listado de los Votantes del Extranjero lo va a validar la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y dice esa reforma que para poder votar desde el extranjero bastará o contar con la Credencial Para Votar Con Fotografía, un millón 300 mil, de acuerdo con las cifras que he mencionado que están registrados y validados por el INE, y vigilados por todos los partidos, o el pasaporte, o la matrícula consular.
El INE no tiene ni la más remota idea de cuántos mexicanos en el extranjero cuenta con pasaporte, ni de cuántas matrículas consulares hay. Quien lo sabe es la Secretaría de Relaciones Exteriores, y es una dependencia del gobierno.
¿Qué quiero decir? Que el verdadero riesgo que se abre con esta reforma es que volvamos a la época en la que afortunadamente, no los mexicanos que estamos en el país, pero sí los mexicanos que están fuera puedan votar en un listado que quien lo va a definir es el gobierno.
Justo como ocurría en las épocas en las que sí había fraudes electorales realmente existentes, no inventados, porque para los fraudes imaginarios pues eso no es una discusión de una autoridad electoral sino una discusión que se tiene que tomar con otros especialistas, otros doctores, no doctores en derecho o de…
Entonces, claro que hay un problema, por eso, por eso, porque el INE defiende el sistema democrático, en nuestra controversia constitucional señalamos entre los múltiples agravios, entre las múltiples violaciones a la Constitución, que la definición de quienes pueden votar en el extranjero está en riesgo en términos de autenticidad, porque ya no la va a definir un órgano autónomo del Estado mexicano, sino el gobierno en turno.