Ángel García y Anabell Ávalos coincidieron en que el Gobierno federal busca silenciar datos objetivos y concentrar poder, porque no tolera que un organismo independiente revele el aumento de la pobreza y el fracaso de sus programas sociales
Por Félix Muñiz
La decisión del gobierno federal de desaparecer al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) encendió las alarmas en el Senado. Legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) denunciaron que se trata de un retroceso alarmante en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate efectivo a la pobreza en México.
En una postura firme, los senadores Ángel García Yáñez, Anabell Ávalos Zempoalteca, Mely Romero Celis y Geraldina García Gordillo criticaron duramente la reforma impulsada por Morena, que transfiere las funciones del CONEVAL al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Para el PRI, esta maniobra representa un atentado contra la autonomía técnica y una concentración peligrosa de poder en manos del Ejecutivo.
“Quieren silenciar al único organismo que de forma objetiva y técnica evaluaba la política social y medía la pobreza. Con esta reforma, ya no hay contrapesos. Solo queda el poder absoluto del Ejecutivo”, denunció Ángel García.
La legisladora priista por el Estado de Tlaxcala Anabell Ávalos irónicamente dijo “¿Ahorro? Si quieren evitar duplicidades, que cancelen la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya, no un órgano que ha sido reconocido internacionalmente por su objetividad”.
La bancada del PRI en el Senado alertó que esta decisión entierra más de 20 años de trabajo técnico especializado, en favor de una estructura que no tiene ni la vocación ni las herramientas para realizar evaluaciones críticas. “El INEGI es una institución ejemplar, pero su tarea es producir datos, no evaluar políticas públicas. No se puede ser juez y parte”, reclamó Geraldina García Gordillo.
Los legisladores del tricolor coincidieron en que la verdadera motivación detrás de la desaparición del CONEVAL no es el supuesto ahorro presupuestal (que representa menos del 0.01% del gasto público) sino el deseo del gobierno de Morena de eliminar cualquier supervisión independiente sobre el uso de los recursos públicos.
La senadora Mely Romero Celis fue tajante: “Esta no es una medida de eficiencia, es una regresión disfrazada de combate a la corrupción. Lo que están eliminando es evidencia, datos duros, voces expertas y vigilancia técnica sobre el destino del dinero público”.
Los senadores priistas votaron en contra del dictamen que modifica la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y exigieron saber qué pasará con los más de 7 mil millones de pesos que se liberan con la desaparición del CONEVAL.
“Con esta reforma se consuma un golpe a la rendición de cuentas. El mensaje es claro: no quieren que nadie los vigile”, sentenció Romero Celis.
El PRI en el Senado reafirmó su compromiso con la transparencia, la evaluación rigurosa y la lucha contra la pobreza con evidencia, no propaganda. Advirtieron que seguirán denunciando cada intento del oficialismo por desmantelar las instituciones autónomas que garantizan el equilibrio democrático.