La senadora cuestiona que dos de los cinco candidatos propuestos no cumplen los requisitos legales para ocupar magistraturas
Por Félix Muñiz
En una sesión marcada por la tensión política y el debate constitucional, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Cristina Ruiz Sandoval, lanzó una dura crítica contra las recientes designaciones para la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), advirtiendo que estas decisiones “ponen en riesgo la independencia del tribunal” y constituyen una amenaza directa a la legitimidad del sistema judicial mexicano.
Durante la discusión del dictamen para ratificar a los nuevos magistrados, la legisladora mexiquense Cristina Ruiz no escatimó en señalar lo que considera una grave desviación del espíritu de la ley y un acto de corrupción institucional.
“No hay peor acto de corrupción que desempeñar un cargo para el cual no se está preparado”, sentenció con firmeza desde la tribuna del Senado, haciendo eco de la creciente preocupación ciudadana por la politización de los órganos de justicia.
Ruiz Sandoval fue contundente al recordar que el TFJA fue concebido como un tribunal para juzgar al gobierno, no para servirle. En este sentido, advirtió que el nombramiento de perfiles con evidente trayectoria política y vínculos partidistas compromete la imparcialidad del órgano. La senadora subrayó que el artículo 45 de la Ley Orgánica del Tribunal exige requisitos claros: buena reputación, honorabilidad, excelencia profesional y al menos ocho años de experiencia en materia fiscal o administrativa. Condiciones que, según ella, no cumplen varios de los designados.
La crítica más severa fue dirigida a Eduardo Santillán Pérez, cuya carrera ha sido eminentemente política —jefe delegacional, diputado y operador electoral de Morena—, sin una sólida formación ni experiencia jurídica. Igualmente cuestionó a José Ramón Amieva Gálvez, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, cuya breve paso por tribunales fue calificado por la legisladora como insuficiente y subordinado.
Pero la preocupación de Ruiz no se limita a estos dos casos. Aun quienes sí cumplen con formación jurídica —advirtió— están marcados por su paso por cargos de confianza en el gobierno federal, lo que despierta sospechas fundadas sobre su verdadera autonomía. “El Tribunal no puede convertirse en un refugio de exfuncionarios ni en un premio de consolación por lealtades políticas”, reclamó.
La senadora hizo un llamado urgente a que el Senado cumpla su papel de contrapeso ante el Ejecutivo y denunció que estas designaciones responden más a cuotas partidistas que a méritos profesionales. “Designar perfiles leales en lugar de capacitados es una forma de corrupción”, aseveró.
Concluyó con una frase que resonó con fuerza en el recinto legislativo: “El Tribunal debe ser árbitro, no cómplice. Debe impartir justicia, no obediencia. Debe servir al ciudadano, no al gobierno. No más subordinación disfrazada de independencia. No más lealtades disfrazadas de mérito. Defendamos la ley, defendamos la justicia y defendamos al Estado mexicano de su propia captura”.
La advertencia es clara: la independencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa está en juego, y con ella, la confianza en el Estado de derecho.