Crítica reflexiva al retroceso en la reforma electoral y la defensa de la paridad de género en México
Por Félix Muñiz
La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, encendió la discusión pública al denunciar que un “duende machista” habría eliminado del llamado Plan B de la reforma electoral el principio de paridad constitucional en los municipios.
Más allá de la metáfora, su señalamiento abre un debate de fondo sobre la solidez del compromiso institucional con los derechos políticos de las mujeres en México.
“Yo espero, supongo, que fue un duende machista el que hizo esto”, declaró ante reporteros de la fuente legislativa. Con ironía y severidad, describió a ese supuesto “duende” como carente de visión técnica, jurídica e incluso de inteligencia emocional.
Pero su crítica no se limita a una frase llamativa: apunta a un posible retroceso en una de las conquistas más relevantes de la agenda de género en las últimas décadas.
El principio de paridad constitucional, aprobado en 2019, estableció la llamada “paridad en todo”, garantizando la participación equilibrada de mujeres y hombres en los tres poderes del Estado y en los distintos órdenes de gobierno. López Rabadán recordó que fue ella quien presentó la primera iniciativa en el Senado para incorporar este principio a la Constitución, propuesta que posteriormente fue acompañada por legisladoras de Morena y de otras fuerzas políticas, hasta convertirse en derecho vigente.
En ese contexto, la eventual eliminación del principio de paridad en los municipios dentro del Plan B no es un simple ajuste técnico. Representa, en términos simbólicos y prácticos, un cuestionamiento a la transversalidad de la perspectiva de género en la vida pública. Si la paridad fue concebida como un mandato integral, fragmentarla implica debilitar su alcance transformador.
La legisladora subrayó que la presencia actual de mujeres al frente de la Cámara de Diputados, del Senado, de la Presidencia de la República, así como de alcaldías y gubernaturas, no es producto de concesiones coyunturales, sino de una lucha histórica que tomó décadas consolidar. En sus palabras, “que ahora haya una iniciativa que lo que busque sea eliminar el principio de paridad en los municipios me parece que es un error y ojalá y solamente sea un error, un mal documento”.
La crítica reflexiva obliga a preguntarse si se trata efectivamente de un descuido legislativo o de una señal política preocupante. López Rabadán expresó su esperanza de que no sea una posición ni política ni pública, pero advirtió que, de no corregirse en el Senado, exigirá que se subsane en la Cámara de Diputados. El mensaje es claro: la paridad no es negociable.
Más allá de partidos y coyunturas, la discusión revela una tensión persistente entre el discurso de igualdad y la práctica normativa. Las reformas constitucionales en materia de género han sido celebradas como avances históricos; sin embargo, su defensa cotidiana exige vigilancia constante. Los derechos conquistados pueden erosionarse no sólo por confrontación abierta, sino también por omisión.
Como mujer, legisladora y feminista, López Rabadán afirmó que exigirá la corrección de lo que calificó como un error lamentable, pues “borra la posibilidad de que las mujeres estén en la toma de decisiones en los municipios”. Su posicionamiento interpela a todas las fuerzas políticas: la paridad no pertenece a una ideología específica, sino a la agenda democrática del país.
En última instancia, el debate sobre el “duende machista” trasciende la anécdota retórica. Pone en juego la coherencia del Estado mexicano frente a su propio marco constitucional y recuerda que los avances en igualdad sustantiva no son irreversibles. Defender la paridad es defender la calidad misma de la democracia.