En diputados definen ruta y fechas para discutir y votar los proyectos de dictamen sobre iniciativas del Ejecutivo Federal
Por Félix Muñiz
La reciente decisión de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para definir las fechas de discusión y votación de los proyectos de dictamen ha generado un notable debate sobre la transparencia y el proceso legislativo en México.
Bajo la presidencia del diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), la Comisión ha aprobado un calendario para examinar las iniciativas de modificación constitucional presentadas por el Ejecutivo Federal y por miembros de la LXV Legislatura. Sin embargo, el acuerdo ha sido objeto de críticas debido a su aparente falta de claridad y a la aceleración de los procesos.
El acuerdo, aprobado por 12 votos a favor y tres abstenciones, establece que el 1 de agosto se iniciará la discusión de las reformas a varios artículos clave de la Constitución, incluyendo los artículos 3°, 4°, 5°, 27, 73 y 123. Estos cambios propuestos abarcan una amplia gama de temas, desde el apoyo a jóvenes y pensiones hasta la protección del medio ambiente y los derechos de los animales.
El calendario también incluye fechas específicas para discutir reformas sobre transporte ferroviario, austeridad, pueblos indígenas y prisión preventiva oficiosa, entre otros temas.
No obstante, la diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) ha cuestionado la falta de claridad en la calendarización, sugiriendo que el proceso podría estar diseñado para acelerar la aprobación de reformas importantes sin el debido debate. Rubio Fernández argumenta que la ausencia de un cronograma detallado y la posibilidad de que las iniciativas sean discutidas en un corto período podrían ser interpretadas como un intento de realizar un “albazo legislativo”.
Esta preocupación ha sido compartida por otros legisladores, quienes han señalado que la falta de conclusiones sobre temas cruciales como la reforma al Poder Judicial y la simplificación administrativa podría ser un indicio de un proceso legislativo apresurado y poco transparente.
El diputado Salvador Caro Cabrera (Morena) defendió el acuerdo, argumentando que el proceso respeta la Constitución y las normas parlamentarias.
Sin embargo, la crítica se centra en la percepción de que el ritmo acelerado de discusión limita la capacidad de los legisladores para considerar adecuadamente cada propuesta y escuchar a las partes interesadas.
El diputado del PRI Marco Antonio Mendoza Bustamante, también criticó el acuerdo por no cumplir con el Reglamento de la Cámara en cuanto a la discusión de reservas y el tratamiento de los temas en profundidad. Mendoza Bustamante subrayó que, a pesar del apoyo a algunas reformas como el salario mínimo y los derechos de los pueblos indígenas, el PRI se opondrá a la reforma judicial por considerarla un ataque a los principios democráticos.
Por otro lado, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) desestimó las acusaciones de un intento de albazo, argumentando que las reformas han sido discutidas durante meses y que el proceso legislativo ha seguido las prácticas parlamentarias establecidas. Fernández Noroña insistió en que el debate y la votación deben continuar sin temor al cuestionamiento, y que las reservas deben ser presentadas y discutidas en el Pleno.
El debate también ha resaltado la preocupación por el impacto de la aceleración en la calidad del proceso legislativo. La diputada Laura Lorena Haro Ramírez (PRI) expresó su descontento con la rapidez con que se pretende discutir reformas de gran envergadura, argumentando que esto podría constituir un atropello a la soberanía legislativa y a los derechos de los legisladores.
En contraste, la diputada Irma Juan Carlos (Morena) propuso que se vote la reforma al artículo 2° el 9 de agosto, destacando la importancia simbólica y práctica de abordar las cuestiones relativas a los pueblos indígenas en una fecha significativa.
Mientras tanto, algunos legisladores como la diputada Lidia García Anaya (Morena) han aplaudido la inclusión de las reservas en el proyecto de acuerdo, aunque reconocen que la oposición podría rechazar el acuerdo a pesar de los beneficios potenciales para los ciudadanos.
En resumen, la agenda de la Comisión de Puntos Constitucionales ha puesto de relieve importantes tensiones entre la necesidad de un debate profundo y la presión por realizar una revisión rápida de reformas clave. La falta de claridad y el apretado cronograma de discusión han avivado las críticas sobre la transparencia y la legitimidad del proceso legislativo en México.