Morena, PT y PVEM se han burlado de las sentencias de la Suprema Corte y han entrado en desacato
Por Félix Muñiz
El Gobierno de Morena enfrenta fuertes críticas por su actitud desafiante hacia las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. En medio de esta controversia, las declaraciones de la ministra Norma Piña y del Senador Julen Rementería del Puerto arrojan luz sobre la negligencia del Senado en la designación de funcionarios clave, como los del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Estas revelaciones plantean preguntas urgentes sobre la rendición de cuentas y el respeto por las instituciones democráticas en México.
La Presidenta de la Suprema Corte Norma Piña, en un acto de valentía, ha señalado el desdén del Senado hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Poder Judicial.
En un país donde el Estado de derecho debería ser sagrado, las acciones del Senado reflejan un preocupante valemadrismo hacia las leyes y las resoluciones judiciales.
El coordinador de los senadores del PAN Julen Rementería del Puerto respaldó estas acusaciones, destacando que el Senado ha ignorado repetidamente las solicitudes de designación de funcionarios del INAI. Esta inacción no solo socava la labor de instituciones cruciales para la democracia, sino que también constituye un acto de desacato flagrante a las órdenes de los jueces federales.
Rementería del Puerto destacó que la responsabilidad recae principalmente en los senadores de Morena y sus partidos aliados, quienes han bloqueado sistemáticamente los nombramientos. Esta obstrucción no solo refleja un menosprecio por las instituciones democráticas, sino que también impide el funcionamiento efectivo del Estado.
La Junta de Coordinación Política, señalada como responsable de esta crisis, ha fallado en convocar un diálogo constructivo para resolver el estancamiento en las designaciones. Esta falta de acción refleja una falta de liderazgo y compromiso con el Estado de derecho.
Ante esta situación, surge la pregunta crucial sobre las posibles sanciones que podrían aplicarse a los responsables de este desacato constitucional. Si bien la separación del cargo es una opción, su eficacia se ve cuestionada cuando muchos senadores ya están cerca de concluir su mandato. Es imperativo explorar otras medidas que garanticen la rendición de cuentas y el respeto por las instituciones democráticas.
Las declaraciones de la Ministra Norma Piña y del Senador Julen Rementería del Puerto arrojan luz sobre la crisis de autoritarismo y desacato a la ley que enfrenta México. Es fundamental que el Senado asuma su responsabilidad y cumpla con su deber de designar funcionarios clave para el funcionamiento efectivo del Estado. La rendición de cuentas y el respeto por las instituciones democráticas son pilares fundamentales de cualquier sociedad justa y equitativa.