Presenta iniciativa para obligar al Estado a prevenir, atender y reparar los casos de reclutamiento de menores.
Por Félix Muñiz
El reclutamiento infantil por parte del crimen organizado se ha convertido en una de las heridas más profundas y vergonzosas del país. Así lo denunció con severidad el senador Partido Revolucionario Institucional (PRI) Manuel Añorve Baños, quien presentó una iniciativa para reformar el artículo 16 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Su propuesta busca que se reconozca explícitamente el derecho de la niñez a recibir protección contra el reclutamiento criminal y se establezca la obligación del Estado mexicano de prevenir, atender, reparar y reintegrar a las víctimas.
Desde la tribuna del Senado, el coordinador de los senadores priista Manuel Añorve lanzó un mensaje contundente: “La niñez mexicana se ha convertido en mano de obra barata del crimen organizado”. Con esa frase, el legislador sintetizó una realidad que el país parece haber normalizado. Denunció que a esos menores, los mismos que deberían estar en las aulas, “les pusieron un apodo bonito para ocultar la barbarie: pollitos de colores”.
La descripción es brutal, pero cierta. Niños y adolescentes son reclutados con falsas promesas de dinero fácil, tenis de marca o popularidad en redes sociales. A cambio, reciben miedo, drogas y armas, mientras las autoridades miran hacia otro lado. Es una condena sin juicio: la de crecer sin futuro y morir sin nombre.
El político guerrerense Añorve Baños recordó el caso del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, a manos de un joven de apenas 17 años, reclutado y manipulado por el crimen organizado. “Ese adolescente era adicto, usado como desechable. ¿Eso es justicia o la evidencia más cruel de un sistema que llega tarde a todo?”, cuestionó el coordinador priista.
El senador no se limitó a la denuncia. Calificó este fenómeno como una forma moderna de esclavitud y exigió una respuesta institucional urgente. Su iniciativa incluye protocolos de detección temprana en escuelas y comunidades, atención psicosocial especializada, rutas de reinserción para los menores que logren escapar de las redes criminales y coordinación interinstitucional entre las áreas de protección a la niñez, seguridad, fiscalías y educación.
Con tono crítico, le legislador priista sostuvo que “la niñez no necesita discursos de manual, necesita resultados”. El mensaje, dirigido al gobierno federal, expone la parálisis institucional ante una tragedia que crece cada día. México se desangra no solo por la violencia, sino por la indiferencia.
“El costo de la prevención nunca será tan alto como el de la omisión”, advirtió. Su exhorto final fue categórico: “Ni un niño más reclutado por el crimen”.
Esta denuncia no debería perderse entre los titulares de rutina. Porque mientras los discursos se apilan en el Congreso, miles de niños siguen siendo carne de cañón del narcotráfico. Y cada menor que el Estado no protege se convierte en un recordatorio doloroso de que, en México, la infancia sigue siendo el eslabón más débil —y más olvidado— de la justicia.