Argumenta que esta reforma tiene un carácter más electoral que judicial, dado que propone la elección popular de jueces y magistrados
Félix Muñiz
El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, ha llevado a cabo la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la Reforma Judicial aprobada por el partido Morena en las cámaras del Congreso y en los Congresos locales.
El argumento del senador panista Marko Cortés, dice que esta reforma tiene un carácter más electoral que judicial, dado que propone la elección popular de jueces y magistrados.
Cortés Mendoza sostiene que el establecimiento de un sistema de elección directa de jueces y magistrados por parte de la ciudadanía transforma la esencia del Poder Judicial en un proceso electoral. La reforma plantea que estas elecciones sean organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y calificadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que, según el líder panista, implica una interrelación entre el ámbito judicial y el electoral que podría comprometer la independencia del sistema de justicia.
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la dotación de nuevas facultades a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual estaría encargada de calificar las elecciones de magistrados en la Sala Superior. Esta atribución, según Cortés, genera una excepción que podría influir negativamente en la imparcialidad de los procesos electorales al permitir la participación directa del máximo tribunal en la calificación de los resultados.
Además, la reforma introduciría una serie de modificaciones que cambiarían el modelo electoral actual, incluyendo la concurrencia de elecciones para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Este nuevo enfoque, según Cortés, complicaría el proceso electoral al incrementar exponencialmente el número de cargos a elegir, lo que podría dificultar que la ciudadanía vote con la información necesaria para tomar decisiones informadas.
La acción de inconstitucionalidad también impugna aspectos técnicos de la reforma, como la creación de casillas especiales para la votación de jueces y magistrados, donde no se prevé la participación de representantes de los partidos políticos en el escrutinio de los votos. Cortés ha expresado su preocupación por la necesidad de establecer un mecanismo de supervisión que garantice la transparencia y la confianza en el proceso electoral.
Desde la perspectiva de Acción Nacional, la reforma violaría principios fundamentales del proceso legislativo, como la falta de cumplimiento con las suspensiones ordenadas por jueces que instaban a cesar el procedimiento legislativo. Asimismo, se señalan vicios procesales en la votación en la Cámara de Diputados, la instalación irregular de órganos en el Senado y el cuestionado procedimiento de “fast track” en la aprobación de la reforma en los Congresos Estatales, como el caso de Oaxaca, donde la legislación local fue aprobada en menos de dos horas después de su aprobación en el Senado.
Otro aspecto relevante en la impugnación es la falta de deliberación efectiva que asegure la libre determinación de las comunidades indígenas, así como la omisión de crear un parlamento abierto que permita el diálogo con los integrantes del Poder Judicial.
Finalmente, Cortés hace hincapié en que la reforma podría comprometer la división de poderes y la independencia judicial, así como vulnerar derechos fundamentales, al eliminar las suspensiones de amparos. La acción de inconstitucionalidad presentada por el PAN será analizada por la Suprema Corte en los próximos días, un tema que sigue generando controversia en el ámbito político y judicial del país.