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El Estado debe responder por los daños tras la violencia por captura de “El Mencho”: Marko Cortés exige reparación integral

Demanda compensación federal para ciudadanos y comerciantes afectados por los disturbios posteriores a la detención y muerte del ex líder del CJNG

Por Félix Muñiz

 

 

La captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató una ola de violencia que volvió a poner en evidencia la fragilidad de la estrategia federal de seguridad.

Quema de vehículos, bloqueos carreteros, comercios paralizados y familias atrapadas en el miedo fueron el saldo inmediato de una reacción criminal que, aunque previsible, no fue contenida con eficacia.

Frente a este escenario, el senador de la República, por el Partido Acción Nacional (PAN) Marko Cortés Mendoza, lanzó una exigencia directa: el Estado debe responder por los daños ocasionados a la ciudadanía tras la violencia generada por la captura de “El Mencho”.

Desde tribuna y a través de sus redes sociales, el legislador panista por el Estado de Michoacán Cortés Mendoza  fue enfático al señalar que combatir al crimen organizado no es una concesión política, sino una obligación constitucional.

Sin embargo, advirtió que esa responsabilidad no puede cumplirse a medias ni a costa del patrimonio de las familias mexicanas.

“El Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza, pero también la responsabilidad constitucional de garantizar la seguridad y proteger el patrimonio de las familias. Cuando el Estado falla en prevenir o contener actos de violencia, debe responder”, sostuvo con firmeza.

La crítica no es menor. Cientos de ciudadanos perdieron vehículos incendiados, mercancías saqueadas o echadas a perder, jornadas laborales completas y, en muchos casos, el único ingreso que sostenía a sus hogares. La violencia no distinguió entre culpables e inocentes; castigó, como ocurre con frecuencia, a quienes nada tienen que ver con el conflicto entre autoridades y grupos criminales.

En ese contexto, Marko Cortés propuso la creación inmediata de un mecanismo federal extraordinario de compensación que contemple el pago por daños materiales a vehículos y negocios afectados; compensación por pérdida de ingresos a comerciantes y trabajadores; créditos blandos y apoyos fiscales temporales para pequeñas y medianas empresas; así como coordinación con aseguradoras para agilizar trámites y evitar una burocracia que revictimice a quienes ya lo han perdido todo.

El senador recordó que la seguridad pública es una función esencial del Estado, establecida en el artículo 21 constitucional, y que la omisión o insuficiencia en su cumplimiento genera responsabilidad patrimonial conforme al artículo 109 de la Constitución y la legislación aplicable. No se trata, subrayó, de un gesto político ni de una dádiva, sino del cumplimiento de la ley.

“No basta con informar sobre operativos. El gobierno debe garantizar que las familias puedan salir a trabajar sin miedo y que no perderán su patrimonio por hechos que son consecuencia de la incapacidad del Estado para contener la violencia”, puntualizó.

La severidad de la crítica radica en un punto central: si el Estado decide actuar —como debe hacerlo— contra objetivos prioritarios del crimen organizado, tiene también la obligación de anticipar las consecuencias y proteger a la población civil. La improvisación, la falta de inteligencia preventiva o la ausencia de planes de contención no pueden convertirse en excusas oficiales.

El combate al crimen organizado requiere una estrategia sólida, integral y sostenida, no operativos aislados que detonen reacciones previsibles. Además, advirtió el legislador, es indispensable prevenir posibles escisiones criminales o nuevas escaladas de violencia que sigan golpeando a la ciudadanía.

“Las familias mexicanas no pueden pagar el costo de la inseguridad. Si el Estado no previno los daños, ahora debe repararlos”, concluyó.

La exigencia está sobre la mesa: la responsabilidad del Estado no termina con la captura de un líder criminal. Apenas comienza cuando debe proteger —y en su caso resarcir— a quienes quedaron atrapados en el fuego cruzado de una estrategia que, hasta ahora, sigue mostrando profundas grietas.

 

 

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