Una persona con el salario promedio del IMSS (622.86 pesos diarios) necesitaría casi 80 años de trabajo ininterrumpido, sin gastar un solo peso, para comprar uno de estos departamentos
Por Félix Muñiz
En un país donde millones de trabajadores apenas logran cubrir sus necesidades básicas, el Gobierno Federal ha permitido (y hasta promovido) el uso de fondos de pensiones para financiar desarrollos inmobiliarios de lujo que resultan inalcanzables para quienes, irónicamente, los están pagando.
Los legisladores del PRI han lanzado una denuncia severa: Los recursos de las Afores están siendo desviados a megaproyectos residenciales elitistas, traicionando la naturaleza social de dichos fondos.
La acusación, respaldada por un punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente, señala que los recursos destinados originalmente a garantizar una vivienda digna para los trabajadores están siendo utilizados como palanca especulativa al servicio de grandes desarrolladoras.
“El derecho social a una casa se ha convertido en una mercancía al servicio del capital financiero”, subraya el documento.
El caso más escandaloso es el del fideicomiso Be Grand CKD17, que entre 2018 y 2023 recibió mil 913.25 millones de pesos provenientes de los ahorros de los trabajadores, administrados por las Afores. Con ese dinero se construyeron departamentos con precios que superan los 17 millones de pesos. Según cálculos del PRI, un trabajador promedio del IMSS, que percibe 622.86 pesos diarios, necesitaría trabajar más de 78 años sin gastar un solo peso para adquirir uno de esos inmuebles.
Esta grotesca desigualdad se repite en otros megaproyectos. En 2024, la CONSAR reportó que más de 114 mil millones de pesos fueron invertidos en instrumentos estructurados como CKD y Cerpi, de los cuales solo uno estuvo destinado a vivienda social.
El resto fue canalizado a desarrollos de altísima gama como Mítikah, The Harbor Mérida, The Ritz-Carlton en la Ciudad de México, y complejos comerciales operados por Fibra Uno, todos diseñados para rentabilidad financiera, no para resolver el déficit de vivienda entre los trabajadores.
“Lo que vemos es un sistema donde los trabajadores están financiando un mercado inmobiliario del cual están excluidos. El 80% de ellos no tiene ingresos suficientes ni siquiera para subsistir dignamente, mucho menos para pensar en una casa propia sin endeudamiento de por vida”, denunciaron senadores priistas.
El PRI exigió al Ejecutivo federal, al INFONAVIT y a la CONSAR una reorientación urgente del destino de estas inversiones. “No se trata de obstaculizar la rentabilidad del sistema financiero, sino de alinear sus objetivos con los derechos fundamentales de los trabajadores”, remarcaron. La vivienda, recordaron, es un derecho, no un privilegio reservado para inversionistas o extranjeros con alto poder adquisitivo.
En un país donde se prometió “primero los pobres”, este desvío de recursos pensionarios hacia el lujo es una bofetada a la clase trabajadora. Si el Gobierno Federal permite que el ahorro de toda una vida financie propiedades de lujo que ni en sueños los trabajadores podrán habitar, entonces no está gobernando para el pueblo, sino para el capital. El saqueo silencioso de las pensiones debe parar.