Advierte falta de recursos en fiscalías para combatir este ilícito
Por Félix Muñiz
La senadora del PAN Guadalupe Murguía Gutiérrez afirmó que el principal desafío para combatir la extorsión en México es terminar con el pacto de impunidad que, en muchos casos, persiste entre autoridades y la delincuencia organizada.
Agregó que este fenómeno ha generado que la ciudadanía tema denunciar y desconfíe de las instituciones encargadas de la investigación y la procuración de justicia.
Durante la presentación del posicionamiento del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, en el marco de la discusión y aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, la legisladora panista Guadalupe Murguía destacó que este delito “apuesta al silencio” y se ha convertido en un esquema paralelo de tributación que afecta por igual a comerciantes, empresarios, transportistas y propietarios de negocios.
Murguía Gutiérrez subrayó que la extorsión no solo implica un pago forzado o la obligación de realizar o dejar de realizar alguna acción, sino que además “roba la tranquilidad y hasta la vida”. Señaló que cualquier persona puede ser víctima de este ilícito y que la cifra negra asociada alcanza el 97 por ciento, lo que significa que la gran mayoría de los casos no se denuncian por miedo, por desconfianza o por la percepción de que la denuncia no tendrá resultados.
La legisladora consideró que la aprobación de esta nueva ley representa un avance relevante al establecer un tipo penal único y sanciones homologadas en todo el territorio nacional. También reconoció la apertura de las comisiones dictaminadoras para incluir modificaciones que aumentan las penas, tanto en el tipo básico como en sus agravantes, una petición insistente del PAN en la Cámara de Diputados. De no haberse realizado estas adecuaciones, explicó, se habría generado la liberación inmediata de personas sentenciadas por extorsión en entidades como Michoacán, Baja California, Quintana Roo, Chihuahua, Nayarit y Morelos, donde la penalidad vigente es mayor.
No obstante, la senadora por Querétaro advirtió que existen obstáculos importantes para garantizar la correcta implementación de la ley. Entre ellos, mencionó la falta de recursos para que la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales puedan crear las Unidades Especializadas previstas, así como para conformar equipos de ministerios públicos, policías y analistas debidamente capacitados y certificados.
Murguía Gutiérrez enfatizó que el artículo noveno transitorio de la ley no contempla incrementos presupuestales ni recursos adicionales para estos fines. Recordó además que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 la FGR sufrió una reducción superior a 900 millones de pesos y que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) solo aumentó 0.5 por ciento, lo cual limita la capacidad de los estados para fortalecer su respuesta institucional ante la extorsión.
Ante este panorama, la senadora cuestionó: “¿Con qué recursos van a operar las unidades especializadas?, ¿con qué recursos se va a capacitar, evaluar y certificar a los agentes?, ¿con qué recursos funcionará el Centro de Atención para la Denuncia de la Extorsión?”.
La legisladora queretana Guadalupe Murguía concluyó que, sin un financiamiento adecuado, la ley corre el riesgo de quedarse únicamente en “un catálogo de buenas intenciones”. Añadió que Acción Nacional dará seguimiento a su implementación y buscará garantizar los recursos necesarios, ya que mientras esto no ocurra, el problema de impunidad en materia de extorsión continuará.