En Guerrero y otros estados, dijo, los “tiburones” del crimen siguen libres, mientras que solo se detiene a “charalitos”
Por Félix Muñiz
Al inaugurarse el foro “Cultura de la Seguridad Nacional y Seguridad Pública”, el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve Baños, lanzó una crítica seca y clara: en muchos estados del país la extorsión se ha convertido en “una manera de sangrar la economía de un municipio, de un estado”.
El coordinador de los senadores del PRI Manuel Añorve este no es un problema nuevo, sino un fenómeno que el gobierno federal ha permitido crecer (o al menos no ha logrado contener) y del que no existe, hasta ahora, una respuesta efectiva ni confiable.
Durante su intervención, el legislador guerrerense Añorve Baños recordó que hace apenas unos días se aprobó legislación contra la extorsión, pero advirtió que “no basta con legislar” si no hay aplicación real, efectiva, con todo “el peso de la ley” contra quienes lucran con el miedo y la extorsión.
Denunció que esta práctica es uno de los delitos más complejos y dañinos para la productividad nacional.
Extorsión: deuda sin castigo
Los datos recientes confirman lo que Añorve denuncia. De acuerdo con el más reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la extorsión en 2025 se mantiene al alza: se reportan en promedio 31 denuncias al día, cifra significativamente superior a las 25 diarias registradas en 2019.
Pese a la aprobación de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que busca homologar sanciones y facultar la persecución de oficio del delito, las denuncias y víctimas no disminuyen en proporción: en los primeros meses de 2025 ya se reportan miles de casos documentados.
En su discurso, Añorve cuestionó el enfoque de seguridad del actual gobierno, que él considera un gran fracaso: políticas como la de “abrazos, no balazos” han fracasado, generando una impunidad que sirve de semillero para la delincuencia organizada. Esa impunidad se traduce en negocios extorsionados, micro, pequeñas y medianas empresas asfixiadas, inversiones que huyen y economías locales en agonía.
Impunidad, corrupción y “negocios” tolerados
El senador refirió que no basta con tipificar delitos; se debe garantizar que las autoridades locales y federales actúen con eficacia, sin corrupción, sin pactos oscuros con grupos delictivos. Denunció que en muchas regiones las policías municipales están desnudas: sin armas, sin capacitación, sin recursos, lo que facilita que la extorsión prospere. Añorve acusó a las administraciones de dejar abandonados a municipios enteros, sin protección, como si fueran zonas de sacrificio.
Su crítica también alcanzó a la incapacidad institucional para perseguir a los verdaderos responsables: en Guerrero y otros estados, dijo, los “tiburones” del crimen siguen libres, mientras que solo se detiene a “charalitos”. El efecto: familias aterradas, comercio paralizado, gobernabilidad quebrada.
Una advertencia para el país y una exigencia urgente
El mensaje del senador Manuel Añorve es un grito de alerta: la extorsión no es un delito menor, no es “solo una placa más en las estadísticas”. Es un cáncer que corroe las economías locales, que alimenta al crimen organizado, que perpetúa la violencia, la impunidad y el miedo.
Por eso exige que la recientemente aprobada Ley contra la extorsión se convierta en algo más que un papel firmado: pide dispositivos institucionales reales, policías locales fortalecidas, coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno, y sobre todo, voluntad política.
Porque sin esas acciones, advierte, la extorsión seguirá sangrando a México — y el coste no lo pagará solo el Estado, sino millones de ciudadanos, comerciantes, familias enteras, municipios y entidades que verán cómo su futuro se desmorona bajo el chantaje sistemático.
Y mientras la ley duerme en papel, la economía de muchos mexicanos continúa pagando — en silencio — la factura de la impunidad.