Con un aumento del 35 % el INE ignora el llamado para reducir el costo de una elección incierta de jueces y ministros
Por Félix Muñiz
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó en sesión extraordinaria un presupuesto precautorio de 13,205 millones de pesos para la organización del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025. Esta medida responde a la necesidad de garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en el marco de la elección de ministros, jueces y magistrados del poder judicial.
Este presupuesto, que será parte del Anteproyecto de Presupuesto del INE para el ejercicio fiscal de 2025, se distribuye en diversas áreas y actividades clave para la organización del proceso electoral, buscando asegurar que se lleve a cabo de manera transparente y eficiente. El INE, conforme a sus responsabilidades constitucionales y legales, tiene el mandato de prever los recursos necesarios para cumplir con las exigencias legales y organizativas de este proceso.
Desglose del presupuesto para el PEEPJF 2024-2025
El monto total aprobado de 13,205 millones de pesos se distribuirá entre diversas direcciones y unidades del INE encargadas de distintos aspectos de la organización electoral. Algunas de las principales asignaciones incluyen:
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica: 6,830 millones de pesos
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral: 4,522 millones de pesos
Dirección Ejecutiva de Administración 1,124 millones de pesos
Unidad Técnica de Servicios de Informática 107 millones de pesos
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 104 millones de pesos
El presupuesto también contempla recursos para la Coordinación Nacional de Comunicación Social, Dirección Jurídica, Unidad Técnica de Fiscalización y otras áreas que juegan un papel crucial en la transparencia, la auditoría y la eficacia del proceso electoral.
Contexto y justificación
Este presupuesto se establece como medida precautoria, en cumplimiento con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que exige la administración de recursos públicos de manera eficiente, económica, racional y transparente. En este sentido, el INE también sigue las directrices establecidas en el **Plan Estratégico 2016-2026**, garantizando que los recursos sean administrados con base en criterios de austeridad, legalidad y rendición de cuentas.
Además, el acuerdo resalta el cumplimiento de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en la controversia constitucional 203/2020 determinó que el INE tiene la obligación de prever recursos adicionales para garantizar la eficacia y transparencia en procesos como las consultas populares. Este principio se aplica de manera análoga para el caso del PEEPJF, subrayando la necesidad de que el INE esté preparado para afrontar cualquier eventualidad en la organización de este importante proceso electoral.
Garantizar derechos electorales
El INE subraya que, como institución encargada de la administración de los procesos electorales en México, tiene la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Por ello, la previsión de un presupuesto adecuado es esencial para evitar que la falta de recursos pueda afectar la calidad y transparencia de los comicios, o incluso la efectividad de los mismos. La organización y supervisión de la elección de los magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación es un proceso clave para fortalecer las instituciones democráticas del país.
Con la aprobación de este presupuesto precautorio, el INE asegura que tiene los recursos necesarios para afrontar los desafíos que surjan en la organización de un proceso electoral ordenado, eficiente y conforme a los principios de equidad y transparencia.