Llamó a explicar el porqué se han considerado estos envíos bajo la etiqueta de “ayuda humanitaria”, cuando el régimen cubano tiene a mil 185 personas presas -incluidas mujeres y niños- por motivos políticos
Por Félix Muñiz
En un nuevo capítulo de opacidad, el senador del PAN, Marko Cortés Mendoza, lanzó un severo exhorto al gobierno federal de Claudia Sheinbaum Pardo, exigiendo que se rinda un informe público y detallado sobre los envíos de petróleo subsidiado a Cuba, una operación que raya en lo inverosímil y bordea peligrosamente la ilegalidad.
El legislador panista por el Estado de Michoacán, Marko Cortés reveló que en apenas cuatro meses (de mayo a agosto de 2025) México ha enviado combustibles a la isla caribeña por un valor estimado de 3 mil millones de dólares, el equivalente a 60 mil millones de pesos del erario público. Esta cifra no solo triplica lo entregado durante el sexenio de López Obrador, sino que representa un golpe directo a las finanzas de un país con necesidades internas urgentes y desatendidas.
El colmo: parte de estas operaciones involucran al buque “Sandino”, enlistado desde 2019 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en su lista negra por actividades vinculadas al narcotráfico y lavado de dinero. ¿Cómo es posible que el gobierno mexicano, en pleno 2025, autorice el uso de una embarcación sancionada internacionalmente? ¿Quién se hará responsable del riesgo de sanciones financieras y diplomáticas que esto implica para México?
Cortés Mendoza, exigió explicaciones no solo al Ejecutivo Federal, sino directamente a Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, y a la secretaria de Energía, Luz Elena González, señalando la urgencia de conocer los volúmenes exactos de crudo, diésel, turbosina y otros derivados enviados a Cuba, así como los subsidios implícitos que conlleva esta operación.
La operación se realiza a través de la empresa Gasolinas Bienestar, S.A. de C.V., filial creada por Pemex en 2022, y que ya acumula pérdidas superiores a 324 millones de dólares. ¿Quién está financiando este desastre? Nada menos que los contribuyentes mexicanos, mientras el país carece de recursos para enfrentar desastres naturales, mejorar la educación pública o reforzar la seguridad.
Más indignante aún es que estas exportaciones se presenten como “ayuda humanitaria” al régimen cubano, cuando según organizaciones como Prisoners Defenders, existen más de mil 185 presos políticos en la isla, incluyendo mujeres y menores de edad. ¿Es este el gobierno que presume de respetar los derechos humanos?
En su punto de acuerdo, el político panista michoacano Marko Cortés también solicitó detalles precisos sobre las rutas marítimas, fechas de salida y llegada, los puertos mexicanos involucrados (como Coatzacoalcos y Tampico), así como una lista completa de los buques utilizados, incluyendo otros como el Ocean Mariner.
El silencio del gobierno hasta ahora es alarmante, pero aún más lo es la posible colusión de instituciones mexicanas en operaciones opacas y de dudosa legalidad.
Este exhorto no es solo un llamado político, sino una exigencia de transparencia y rendición de cuentas. Es inadmisible que en medio de una crisis económica interna, el gobierno federal prefiera subsidiar a un régimen represor, ignorando las prioridades nacionales. México merece saber por qué se está financiando al régimen cubano con dinero público, y qué intereses (más allá de los humanitarios) se ocultan tras este oscuro y millonario negocio petrolero.
La ciudadanía no puede ni debe quedarse de brazos cruzados. Exijamos respuestas.