Acción Nacional respalda el recorte por justicia presupuestal, aunque señala fallas técnicas y exclusiones que podrían generar desigualdad
Por Félix Muñiz
El debate sobre la reducción de pensiones millonarias sumó un nuevo capítulo en el Senado. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) votó a favor de la reforma que limita estos beneficios, al considerar que se trata de un acto de justicia y responsabilidad con el dinero de los contribuyentes.
Sin embargo, advirtió que el dictamen aprobado contiene errores fundamentales en la forma de fijar los topes y deja fuera a sectores clave del aparato público.
Durante el posicionamiento del partido ante el pleno del Senado de la República, el senador José Máximo García López respaldó el espíritu de la reforma, pero cuestionó su diseño jurídico y su alcance real.
La modificación establece que ninguna pensión podrá exceder la mitad del salario de la Presidencia de la República, lo que en términos actuales rondaría los 70 mil pesos mensuales.
A primera vista, el límite parece contundente. No obstante, el legislador panista sostuvo que el salario presidencial “no es una referencia técnica estable”, ya que se fija cada año en el Presupuesto de Egresos y puede modificarse por decisiones políticas o presupuestales. Bajo este esquema, si el salario del Ejecutivo cambia, automáticamente cambiaría también el límite constitucional de las pensiones.
Desde una perspectiva crítica, el señalamiento no es menor. Atar un parámetro constitucional a una cifra variable abre la puerta a ajustes indirectos que podrían distorsionar el objetivo original de la reforma. Para el PAN, si el propósito es fijar un tope cercano a los 70 mil pesos mensuales, lo correcto sería establecerlo en Unidades de Medida y Actualización (UMAS), un indicador técnico que ofrece mayor estabilidad y certeza jurídica.
Pero la crítica no se limita a la metodología. El segundo gran cuestionamiento apunta al alcance parcial de la reforma. Aunque busca terminar con las pensiones excesivas, solo aplica al sector paraestatal, dejando fuera otros ámbitos del Estado que también operan con recursos públicos.
“La ley debe ser pareja”, subrayó García López al advertir que no puede haber “ciudadanos de primera con pensiones de lujo y ciudadanos de segunda con pensiones de sobrevivencia”. Desde su óptica, una reforma que pretende erradicar privilegios financiados por el erario no puede permitirse excepciones.
En concreto, el senador señaló que quedan excluidas las Fuerzas Armadas, la administración pública centralizada —incluidos empleados de secretarías de Estado— y el personal sindicalizado. Esto, afirmó, genera una aplicación selectiva que contradice el principio de equidad en el uso del dinero público.
El PAN sostiene que, si las percepciones se pagan con recursos públicos, la solución debe ser integral, no parcial ni limitada a ciertos sectores. De lo contrario, la reforma corre el riesgo de convertirse en un gesto político más que en una transformación estructural del sistema de pensiones.
Finalmente, el legislador pidió que los 5 mil millones de pesos que se estima ahorrar con la reducción de pensiones millonarias se canalicen a áreas prioritarias como salud, educación e infraestructura. El respaldo está dado, pero la advertencia también: sin reglas técnicas claras y sin un alcance verdaderamente universal, la reforma podría quedarse corta frente a la exigencia ciudadana de acabar con los privilegios.