La oposición denuncio que lo sucedido es un reflejo de los peligros que conlleva que la Guardia Nacional dependa del Ejercito
Por Félix Muñiz
El Presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña, se refirió a los hechos registrados en la Villa Comantitlán, municipio de Huixtla, en los que fallecieron seis inmigrantes de Egipto, El Salvador y Perú.
“Nos solidarizamos con los familiares de las personas fallecidas de estos países hermanos, y reconocemos el esfuerzo que ha anunciado el gobierno federal para brindar todo el apoyo a sus familias y la pronta respuesta de la Fiscalía para esclarecer este hecho”.
Al mismo tiempo en la instalación de la Comisión de Gobernación en el Senado de la República, los representantes populares expresaron su profunda preocupación y lamento por la muerte de seis migrantes y las 12 personas heridas en un incidente ocurrido en el tramo carretero Villa Comaltitlán-Huixtla, Chiapas.
Este trágico suceso ha desatado un amplio debate sobre la militarización de la seguridad en el país y las implicaciones de la reciente reforma a la Guardia Nacional.
La senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, quien preside la Comisión de Gobernación, lideró la discusión, donde legisladores de diferentes partidos políticos manifestaron su postura sobre estos lamentables hechos.
Los senadores Ricardo Anaya Cortés y Marko Cortés Mendoza, del Partido Acción Nacional (PAN), así como Néstor Camarillo Medina y Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), coincidieron en que lo sucedido es un reflejo de los peligros que conlleva la reforma a la Guardia Nacional, que ahora está bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El panista Ricardo Anaya subrayó que este incidente debe ser considerado como una señal de alerta para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. “Ella heredó una reforma peligrosa”, advirtió, argumentando que los militares, al estar entrenados para la guerra, no están capacitados para interactuar adecuadamente con la población civil.
Este argumento pone de relieve las tensiones entre la seguridad pública y la protección de los derechos humanos en el contexto de la política migratoria.
En contraposición, el senador Higinio Martínez Miranda, de Morena, tildó de “exceso” vincular el enfrentamiento con la reforma a la Guardia Nacional. Sin embargo, coincidió en la necesidad de una investigación exhaustiva sobre lo sucedido y enfatizó la importancia de asegurar que hechos similares no se repitan en el futuro.
Marko Cortés, también del PAN, reiteró su postura en contra de la militarización de la seguridad en México, proponiendo que los delitos de alto impacto sean considerados terrorismo y sugiriendo una colaboración más activa con la comunidad internacional para enfrentar la delincuencia organizada. Su propuesta refleja una creciente preocupación sobre la efectividad de las políticas actuales de seguridad.
La senadora Valdez Martínez advirtió sobre los riesgos de abrir la puerta a la intervención de Estados Unidos y otros países en asuntos de seguridad en México. “No podemos permitir que, bajo el pretexto de ayuda, se lleven nuestra riqueza, mano de obra y libertad”, afirmó, señalando el temor a una mayor injerencia extranjera en la soberanía nacional.
A esta discusión se unieron otros legisladores de Morena, como Verónica Camino Farjat y Higinio Martínez, quienes también expresaron su rechazo a permitir la intervención de fuerzas extranjeras en México. Este aspecto del debate destaca la complejidad de la seguridad nacional y las diferentes visiones sobre cómo abordarla en el contexto de una crisis migratoria y de violencia.
Al final de la reunión, la Comisión de Gobernación aprobó una propuesta de la senadora Laura Itzel Castillo para emitir una disculpa pública por la masacre de estudiantes en Tlatelolco en 1968, reafirmando el compromiso de los legisladores con la memoria histórica y los derechos humanos en el país.
Este trágico suceso en Chiapas ha reavivado el debate sobre la militarización de la seguridad en México y las implicaciones que esta tiene en la vida de los ciudadanos y migrantes. La exigencia de justicia y la protección de los derechos humanos son ahora más relevantes que nunca en el discurso político del país.