Exhibe la negación oficial mientras el crimen organizado impone su ley en regiones enteras del país
Por Félix Muñiz
Las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la violencia en México encendieron una vez más la indignación nacionalista del discurso oficial.
Pero más allá del tono estridente y la evidente carga política de sus palabras, el senador del PAN, Marko Cortés Mendoza, optó por una postura menos cómoda y más incómodamente realista: en muchas regiones del país, lo dicho desde Washington no es una exageración, sino un reflejo crudo de lo que ocurre todos los días.
El legislador panista por el Estado de Michoacán Marco Cortés no se anduvo con rodeos. Denunció que en distintos puntos del territorio nacional el crimen organizado no solo desafía al Estado, sino que lo suplanta. “Hay municipios completos donde el crimen organizado decide quién puede gobernar, quién puede hacer campaña y quién puede trabajar”, advirtió. No es una frase menor ni un recurso retórico. Es la descripción de un poder paralelo que ha logrado infiltrarse en la médula misma del sistema político.
Mientras desde el gobierno federal se insiste en minimizar la crisis o en maquillar cifras, la realidad en campo es otra: familias que viven bajo amenazas permanentes, comerciantes asfixiados por la extorsión y autoridades locales reducidas a meros administradores de una voluntad criminal. La democracia, en esas zonas, es un trámite vacío donde la última palabra no la tienen los votantes, sino los cárteles.
El señalamiento del legislador panista no solo pone el dedo en la llaga interna, sino que también cuestiona la narrativa oficial hacia el exterior. Negar la gravedad del problema, sostuvo, no fortalece la imagen internacional de México. Al contrario, la erosiona. Porque la comunidad internacional —y particularmente los socios comerciales— observan con creciente preocupación cómo amplias franjas del territorio parecen escapar del control institucional.
En este contexto, Cortés planteó la necesidad de reforzar la cooperación entre México, Estados Unidos y América Latina. El crimen organizado ya no opera con límites geográficos; sus redes financieras, logísticas y de tráfico trascienden fronteras. Pretender enfrentarlo con estrategias aisladas es, en el mejor de los casos, ingenuo; en el peor, irresponsable.
El senador también lamentó que México esté dejando pasar espacios internacionales clave donde se discuten estrategias conjuntas de seguridad y combate al narcotráfico. Estos foros, explicó, no solo permiten coordinar acciones contra los cárteles, sino también fortalecer relaciones diplomáticas, compartir inteligencia y construir alianzas que generen estabilidad e inversión. Renunciar a ellos, por cálculo político o desdén ideológico, implica aislar al país en un momento crítico.
La crítica de Cortés, sin embargo, no está exenta de un trasfondo político. Proviene de la oposición y ocurre en un entorno polarizado donde cada declaración se convierte en munición partidista. Pero reducirla a eso sería una simplificación peligrosa. La pregunta de fondo no es quién capitaliza el discurso, sino si el Estado mexicano conserva plenamente el control de su territorio.
“México merece paz, seguridad y Estado de derecho”, concluyó el senador. La frase suena a consigna habitual. Lo que la vuelve inquietante es el contexto: cuando hay regiones donde el crimen decide candidaturas y administra el miedo, hablar de Estado de derecho parece más una aspiración que una realidad.
La negación puede ser políticamente rentable en el corto plazo. Pero frente a un poder criminal que se expande, callar o minimizar equivale a ceder terreno. Y ese terreno, como advierte la oposición, ya no es metafórico: es territorio, es gobierno y es soberanía.