Decir que el poder legislativo busca la demolición del poder judicial está muy lejos de la realidad
Por Félix Muñiz
En un reciente video difundido en redes sociales, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha calificado de “irresponsable” y “falsa” la acusación de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, quien ha señalado que la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador busca la demolición del Poder Judicial. La declaración de Fernández Noroña, además de descalificar las críticas, parece obviar aspectos cruciales del debate en torno a esta controvertida reforma.
El senador de Morena Gerardo Fernández argumentó que la reforma propuesta por el Primer Mandatario López Obrador tiene como objetivo primordial erradicar la corrupción y democratizar la supervisión de los juzgadores, desde los jueces federales hasta los ministros de la Corte.
“La declaración de la ministra Norma Piña está muy lejos de la realidad de nuestra reforma. Lo que buscamos es una profunda transformación que permita que el pueblo tenga una mayor supervisión sobre quienes están en el poder judicial”, declaró el senador.
Esta afirmación, sin embargo, no resuelve las inquietudes y críticas que han surgido sobre la reforma judicial. La propuesta ha sido vista por muchos como un intento de concentrar el poder legislativo sobre el poder judicial, lo que podría vulnerar la independencia de este último. La crítica central es que, al permitir una mayor supervisión por parte del pueblo, se corre el riesgo de politizar y desestabilizar el sistema judicial, crucial para la justicia imparcial en una democracia.
Fernández Noroña también enfatizó la mayoría calificada de Morena en el Senado, con 85 senadores, y la posibilidad de aprobar la reforma con un voto favorable de 86, que supera el umbral constitucional necesario. Aseguró que una vez aprobada, la reforma será enviada a los congresos estatales para completar el proceso legislativo según el Constituyente Permanente.
A pesar de las garantías ofrecidas por Fernández Noroña, el proceso legislativo en curso despierta preocupaciones sobre la transparencia y la representatividad del debate. Aunque el senador asegura que la reforma será discutida ampliamente en el Senado y que se escucharán todas las voces, no se puede ignorar que la mayoría dominante puede inclinar la balanza hacia una aprobación sin una verdadera deliberación plural y equilibrada.
Además, Fernández Noroña insinuó que las críticas de la ministra Piña podrían abordarse en el contexto de otras reformas relacionadas con las fiscalías, la seguridad pública y la defensoría del pueblo. Sin embargo, la inclusión de estos temas en la discusión de la reforma judicial podría desviar la atención de los puntos críticos que afectan la independencia y la efectividad del Poder Judicial.
La respuesta del presidente del Senado y las acciones subsiguientes del Congreso reflejan una dinámica de confrontación en lugar de diálogo constructivo. En lugar de descalificar y atacar las críticas, sería más productivo considerar seriamente las preocupaciones sobre cómo las reformas pueden impactar la independencia judicial y garantizar que los cambios propuestos sean realmente en beneficio de la justicia y no simplemente un reordenamiento del poder.
En conclusión, la polémica en torno a la reforma judicial y las declaraciones de Fernández Noroña subrayan la necesidad de un debate más profundo y menos polarizado. La integridad del sistema judicial y la confianza pública en la justicia dependen de un proceso legislativo que respete la separación de poderes y garantice la imparcialidad y la transparencia.