La iniciativa presentada por la senadora Carolina Viggiano propone una pena de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa por la realización de esta conducta delictiva
Por Félix Muñiz
En respuesta al alarmante incremento de casos en los que niñas, niños y adolescentes son utilizados por grupos criminales para cometer delitos, la bancada del PRI en el Senado presentó una iniciativa que busca establecer sanciones más severas para quienes recluten o utilicen a menores de edad en actividades delictivas.
Esta propuesta forma parte de un esfuerzo por enfrentar con firmeza la creciente crisis de inseguridad y trata de personas en México.
La senadora priista por el estado de Hidalgo Carolina Viggiano Austria, propuso reformar el artículo 25 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con el fin de tipificar de manera clara y directa el delito de reclutamiento de menores de edad por parte del crimen organizado o grupos armados.
La reforma plantea elevar las penas actuales de 10 a 20 años de prisión, a un nuevo rango de 15 a 30 años, además de imponer multas que van desde mil hasta veinte mil días. La iniciativa también amplía el concepto de este delito, penalizando a quienes involucren a menores en cualquier actividad relacionada con la posible comisión de un ilícito.
Como agravantes se consideran el uso de fuerza, amenazas, engaño o coacción, así como el hecho de que la víctima se encuentre en condición de vulnerabilidad. En estos casos, las penas podrían aumentar hasta en una mitad. De manera significativa, la propuesta establece que estos delitos no prescribirán, asegurando justicia para las víctimas sin importar el tiempo transcurrido.
Durante la exposición de motivos, la senadora Carolina Viggiano advirtió que el reclutamiento forzado de menores por parte del crimen organizado es una práctica sistemática y generalizada, que ocurre en regiones del país donde los niveles de pobreza, abandono, rezago educativo y orfandad colocan a los menores en situaciones de alta vulnerabilidad.
La legisladora también denunció que esta práctica delictiva se ha perfeccionado bajo la permisividad o incluso la complicidad de algunas autoridades, lo que ha facilitado el proceso de reclutamiento, uso y desaparición de menores sin consecuencias legales suficientes para los responsables.
“Quien recluta a una persona menor de dieciocho años con fines delictivos sabe exactamente lo que está haciendo. Son plenamente conscientes de las tareas que se les imponen a las víctimas, de que no existe límite para la explotación y de que muchas veces ni siquiera se les ofrece una retribución. Es un acto de crueldad absoluta contra quienes no pueden defenderse”, afirmó Viggiano.
La propuesta legislativa destaca que, según estimaciones, alrededor de 30,000 menores de edad ya han sido reclutados por grupos criminales en México, y más de 200,000 se encuentran actualmente en riesgo de serlo, una cifra que evidencia la urgencia de actuar con contundencia.
Con esta iniciativa, el PRI en el Senado busca colocar el bienestar de la niñez en el centro de la política de seguridad y justicia, elevando el costo legal para quienes atenten contra los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes.