La cédula profesional sería gratuita para quienes egresen con promedio de 8.5 o más
Por Félix Muñiz
Con el objetivo de eliminar las barreras económicas que impiden a miles de jóvenes ejercer profesionalmente tras concluir sus estudios, la bancada del PRI en el Senado, encabezado por el guerrerense Manuel Añorve Baños, presentó una propuesta legislativa para garantizar el acceso gratuito a la titulación y a la cédula profesional.
La iniciativa, inscrita ya en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, propone eliminar los costos por trámites de titulación en instituciones de educación superior que cuenten con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), otorgado por la SEP.
Además, contempla la exención del pago de la cédula profesional para egresados con promedio igual o superior a 8.5.
“Estamos hablando de jóvenes que ya cumplieron con todo: estudiaron, se esforzaron y terminaron su carrera. Y al final, cuando quieren titularse o sacar su cédula para conseguir trabajo, se enfrentan a un cobro de más de cinco mil pesos en universidades públicas y hasta veinticinco mil en privadas. Eso no es justo”, expresó Añorve Baños al presentar la propuesta.
Los legisladores del PRI buscan con esta medida consolidar el derecho pleno a la educación, entendida no solo como el acceso a las aulas, sino como la posibilidad real de ejercer la profesión. “Si el Estado invierte en educación, no puede permitir que esa inversión se pierda porque el joven no tuvo dinero para titularse. Eso es tirar el esfuerzo de todos: del estudiante, de su familia y del sistema educativo”, enfatizó el senador.
La propuesta contempla dos ejes fundamentales:
Prohibir que las universidades con RVOE cobren por trámites relacionados con la titulación, como revisión de tesis, expedición de actas o del título.
Otorgar la cédula profesional de manera gratuita a quienes alcancen un promedio de 8.5 o más, como reconocimiento al mérito académico.
Añorve Baños subrayó que esta medida representa una inversión social con alto retorno económico. “No es un gasto, es una inversión inteligente. Al facilitar el ingreso de jóvenes al mercado laboral formal, se incrementa el empleo legal, la base de contribuyentes y se reduce la informalidad”, puntualizó.
Asimismo, la iniciativa establece plazos claros: la Secretaría de Educación Pública tendrá 90 días para emitir los lineamientos operativos, y las instituciones educativas deberán adecuar sus reglamentos internos en un máximo de 120 días. “Aquí nadie se puede hacer el desentendido. Vamos a obligar a que estas disposiciones se cumplan en tiempo y forma”, advirtió el legislador.
El GPPRI reafirma así su compromiso con una educación más equitativa y sin trabas económicas. “No hay democracia educativa si hay jóvenes que no pueden titularse por falta de dinero. Lo que estamos proponiendo es justicia para quienes ya cumplieron su parte”, concluyó Añorve.
La iniciativa cuenta con el respaldo de senadoras y senadores del PRI como Alejandro Moreno Cárdenas, Carolina Viggiano, Miguel Ángel Riquelme, Claudia Anaya, entre otros, y representa un paso firme hacia una política educativa incluyente y con visión de futuro.