El PRI no está dispuesto a avalar decisiones que puedan interpretarse como un desacato: Manuel Añorve
Por Félix Muñiz
A la víspera de que por una tómbola en el Senado de la República se insaculen a los candidatos que el Poder Judicial propondrá para la elección de jueces y ministros la bancada del PRI en el Senado de la República decidió no asistir a la reunión de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política.
La decisión responde a la necesidad de evitar cualquier acción que pudiera ser interpretada como desacato a las resoluciones judiciales emitidas por la autoridad competente.
En particular, el PRI ha expresado su preocupación por cualquier intento de avanzar con las funciones del Comité de Evaluación del Poder Judicial, ya que dicho proceso contraviene las suspensiones dictadas por la autoridad judicial.
El Coordinador de los senadores priistas Manuel Añorve Baños, fue el encargado de comunicar esta postura. En su postura el legislador priista por el Estado de Guerrero Manuel Añorve enfatizó que el PRI no está dispuesto a avalar decisiones que puedan interpretarse como un desacato, pues ello violaría el principio fundamental de la división de Poderes que nuestra Constitución consagra. “No estamos dispuestos a avalar decisiones que puedan interpretarse como desacato y violar el principio de división de Poderes consagrado en nuestra Constitución”, afirmó el senador.
La postura del PRI se basa en su firme compromiso con el Estado de derecho, principio que consideran esencial para el buen funcionamiento de la democracia. Para el PRI, es crucial esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre el fondo de la controversia que actualmente mantiene suspendido el proceso de selección de los nuevos jueces y magistrados. Esta espera es vista como un respeto a la autonomía del Poder Judicial y a los procedimientos legales establecidos.
Una de las críticas más fuertes que ha hecho el PRI al gobierno y a la mayoría legislativa es la incoherencia que, según ellos, demuestra el oficialismo. Apenas unos meses atrás, en el marco de la reforma constitucional, el oficialismo defendía la necesidad de aplicar el artículo décimo primero transitorio de manera estricta, sin permitir interpretaciones flexibles que pudieran modificar la reforma. Sin embargo, ahora que la interpretación estricta de la reforma no les favorece, buscan alternativas y reinterpretaciones que permitan continuar con el proceso de selección judicial, a pesar de los juicios de amparo y otros recursos legales que se encuentran en curso.
Esta contradicción, a juicio del PRI, pone en evidencia una actitud inconsistente por parte del oficialismo, que cambia de postura cuando los resultados no favorecen sus intereses. Para el PRI, la ley debe cumplirse en todo momento, no solo cuando convenga políticamente. Esta defensa de la legalidad y del respeto a la Constitución es una de las principales banderas del Grupo Parlamentario del PRI.
El PRI ha dejado claro que no está dispuesto a permitir que el Senado de la República invada el ámbito propio de otro poder, especialmente cuando existe un proceso en curso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta postura no solo refleja su compromiso con la independencia judicial, sino también con la importancia de respetar las decisiones que emanen de los tribunales, independientemente de los intereses políticos que puedan estar en juego.
En resumen, el PRI en el Senado ha marcado su postura firme a favor del respeto al Estado de derecho, la separación de poderes y la legalidad en los procesos legislativos y judiciales, exigiendo que se acaten las resoluciones judiciales y que no se utilicen interpretaciones flexibles que socaven el marco constitucional del país.